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Por Abdú Betancourt Cabrera*

@AbduBetancourt

Las denominadas “pandillas carcelarias” son una de las estructuras sociales del microcosmos que representa el sistema penitenciario, en el entendido de que el “sistema” tiene diversas representaciones sociales, tales como la autoridad, es decir, quien ejerce el poder al interior del centro penitenciario, encarnada en el Director o Alcaide y la Policía Penitenciaria; así mismo, está definida por un territorio, específicamente el espacio carcelario, y consiguientemente por una población, la población penitenciaria.

En el último componente de ese microcosmos, es decir, la población penitenciaria, existe una infinidad de patrones subculturales, mismos que sujetan a los nuevos pobladores a un fenómeno denominado “prisionalización”, es decir, a una adecuación inmediata al nuevo espacio social en el que convivirá el tiempo al que sea sujeto de encierro, la cárcel, y la consiguiente despersonalización, perder la identidad hasta convertirse en un número. Al respecto Rodríguez (1991) citando a Oemmer (1940) señala que por “prisionalización”, se entiende: “…una adaptación a la prisión, un adoptar las costumbres, el lenguaje, en una palabra, la subcultura carcelaria”. “…inicia nuevas formas de vida y de conducta: los horarios, la vestimenta, la comida, la sexualidad. Se pierde toda privacidad, toda propiedad, toda libertad”.

Y agrega el Rodríguez (1991) “La prisionalización se da desde que el interno ingresa a la cárcel” y “…el interno se integra con mayor fuerza a la subcultura de sus compañeros de desgracia, pues, o se prisionaliza o se aísla”, por ello es obligado a tomar partido por una pandilla al interior de las prisiones, ya que el estar solo o aislado implica quedar sin protección, y por ende vulnerable a los vaivenes del poder, tanto el poder de facto como el ejercido por la institución penitenciaria, es por esto, que incluso quienes en la vida en externación nunca han formado parte de una pandilla criminal al ingresar a un centro carcelario se tienen que integrar a una, pues deben asimilar que su concepto espacio-temporal ha cambiado, así como las condiciones subculturales, es decir, se “Prisionalizan”.

Así pues, es en ese contexto subcultural de la prisión, que emergen los grupos y cotos de poder fuera de la estructura formal de la institución penitenciaria, entiéndase, quienes dominan o influyen en la población carcelaria de facto, cabe señalar que puede tratarse de grupos con liderazgos positivos y con liderazgos negativos. Así como la sociedad tiene organizaciones delictivas que ejercen poder y miedo en la población al exterior de los barrotes y muros carcelarios, en el interior de las prisiones existen estructuras con características similares, que, con base en el miedo, la extorsión, las amenazas y la violencia exacerbada logran dominar en ese microcosmos que es el “sistema penitenciario”.

El sistema carcelario está estructurado inequívocamente por los componentes sociales anteriormente definidos, por lo que, la prisión es una institución que ejerce el poder mediante el encierro y privación de la libertad (vigilar y castigar) de infinidad de sujetos que provienen de espacios tan disímbolos, puesto que se puede encontrar con delincuentes ocasionales, habituales e incluso organizados, quienes llegan a generar una influencia negativa al interior de las prisiones locales, por lo que deben ser trasladados a los centros con las medidas de seguridad especial para su contención.

Sin embargo, pese a ello, en las prisiones Estatales el problema de seguridad y desorden es permanente, ya que los espacios que dejan esos delincuentes de alto perfil criminológico, por su poder al exterior, por su influencia económica y hasta política, son ocupados por delincuentes con un perfil violento, proveniente de pandillas delincuenciales en el exterior, y que pretenden disputarse el poder al interior con las estructuras formales de la institución penitenciaria para generar lo que en el argot se conoce como “autogobierno”.

En este caso es fundamental señalar que se dan disputas al interior de los centros penitenciarios para ejercer el control y autogobierno entre pandillas antagónicas, como ejemplo está el sistema penitenciario estadounidense en donde el territorio de la prisión se lo disputan los “afroamericanos”, “los blancos”, “los latinos”, etcétera.

La naturaleza de tal disputa entre pandillas antagónicas en la prisión, es por el poder de facto que se obtiene al desarrollar y lograr diversas actividades delictivas que la seguridad penitenciaria intenta desactivar, como lo es el ingreso de drogas, armas o celulares y dispositivos de comunicación al interior de los centros mediante un modus operandi denominado “cajuela” o “aguacateo”, según el sistema penitenciario de que se trate, es decir por la vía anal, o vaginal en el caso de las mujeres, muchas de las veces familiares de los privados de la libertad a quienes extorsionan mediante amenazas para que accedan a realizar dichas acciones prohibidas.

Las pandillas carcelarias tienen una estructura criminal y formas de comunicación bien definidas, y que a pesar de la clasificación penitenciaria con la que se pueda contar y la separación y segregación de los líderes, estos se logran comunicar mediante recados denominadas “estucas” y por medio de terceros vía llamada telefónica cuando salen a esparcimiento, o también denominado en el argot como “yarda”, es en ese momento cuando se giran instrucciones o se da la “palabra” o la “luz verde” para realizar conductas determinadas que vulneren la seguridad y el orden de un sistema penitenciario.

La denominada “política” de las pandillas carcelarias tiene que ser acatada a la letra, ya que si no es así se ganan represalias de los líderes de la misma, pudiendo alcanzar a familiares que se encuentren afuera de la prisión, por eso deben ser disciplinados y respetar las ordenes de la seguridad penitenciaria y de la institución ya que no es conveniente que se encuentren castigados o aislados ya que ello merma la capacidad de fuerza de la pandilla, además deben mantenerse en actividad física permanente y listos y dispuestos a pelear por la pandilla, son “soldados” dicen en el argot penitenciario.

Es por esto que las estrategias de control de los sistemas penitenciarios en el país deben obedecer a una verdadera planeación estratégica de las acciones a realizar, debiendo conocer ampliamente, mediante un diagnostico o análisis de riesgo la situación que guarda el mismo, conocer cuáles son las pandillas carcelarias que tienen presencia al interior del “sistema”, como es su operación o modus operandi, definir la estructura de la pandilla y realizar los ajustes que sean convenientes para mantener la gobernabilidad y orden al interior de las cárceles del país, debiendo contar con áreas específicas de inteligencia penitenciaria, tal como lo establece las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), a efecto de recolectar, evaluar, tratar, analizar y difundir al Alto Mando Penitenciario la información que sea elevada al grado de certeza para la toma de decisiones.

abdubetancourt@gmail.com

*Doctorando en Estudios Sociales en la Línea de Investigación Seguridad Pública y Relaciones Institucionales en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California; cuenta con estudios de Doctorado en Ciencias Penales, y es Maestro en Criminología por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales; Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California y Licenciado en Seguridad Pública con opción terminal en Investigación Policial por la Academia de Seguridad Pública del Estado de Baja California; Ha sido servidor público en instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y sistema penitenciario; Es Asesor legal y Consultor en Seguridad e Inteligencia; Profesor de Derecho Penal y Criminalística en la Facultad de Derecho Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California, y de Política Criminológica en la Licenciatura y Posgrado de Criminología en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales; Obtuvo el Segundo Lugar de la categoría profesional en el Primer Concurso Nacional de Investigaciones Criminológicas 2010-2011 de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal y Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social.

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Por Abdú Betancourt Cabrera*

@AbduBetancourt

Es de relevancia toral entender la evolución del sistema penitenciario y sus regímenes para dar luz al empedrado camino que se pretende realizar respecto de la reinserción social de las personas privadas de la libertad; ya que las condiciones actuales y la filosofía de la cárcel, es algo que inicio hace muchísimos siglos, y que desde una visión humanística de la criminología se ha pretendido cambiar, sin embargo, esto no se ha logrado, convirtiendo el lugar de encierro, en un simple establecimiento de extinción de la pena impuesta por el Estado como forma de reacción social, en otras palabras, la anulación del penado por la institución de castigo y vigilancia.

En este entendido, cabe señalar que la regla en el sistema carcelario mexicano siempre ha sido el castigo, no la readaptación, o la ahora llamada reinserción social, sino la “punición”; al respecto, podemos afirmar que el sistema penal ha cambiado de “paradigma” sólo en la norma procedimental y en la de ejecución penal, pero esto, poco se ve en la realidad penitenciaria, en los hechos.

En el caso concreto, le seguimos denominando “sistema penitenciario” a nuestro sistema de cárceles, reinserción social y extinción de la consecuencia jurídica del delito, perpetuando el objetivo de esta institución; le pudiésemos llamar de diversas formas, pero la realidad, es que seguimos casados con la idea del “castigo”, de la “pena”, del mal por el mal recibido a manos del Estado. El “ojo por ojo”.

Por un lado, se privilegia el uso de la justicia restaurativa y las diversas formas o medios alternos de solución de conflictos, pero, por otro lado, la parte dogmática avanza a pasos muy lentos, y seguimos con la definición del delito del Artículo 7 del Código Penal Federal, refiriéndonos a este, como: “La acción u omisión que sancionan las leyes penales”, en esta descripción normativa, nunca se habla de formas de solución diversa a la “sanción”; es decir, nuestro derecho penal mexicano solamente “sanciona”, ese es su filosofía, a pesar de que se promueven nuevas formas de solución del conflicto.

Por lo que se observa, mientras sigamos bajo la filosofía del castigo poco se podrá avanzar hacia la idea de la reinserción social; en verdad tenemos que romper paradigmas heredados de los aztecas y los españoles con relación a la pena como solución de conflictos y forma de control social, somos una raza destinada a evolucionar, pero tenemos cadenas que nos atan al paso y es fundamental romper con ellas para logar el desarrollo tan anhelado en todos los aspectos de la vida.

Es fundamental preguntarnos en este momento, ¿Qué es la pena y por qué la seguimos aplicando en el siglo XXI? En este sentido, debemos acudir a los penólogos y penitenciaristas clásicos quienes nos definen que es la pena, y a este respecto el Doctor Luis Marco del Pont señala que:

“…la pena es esencialmente un mal, porque significa la privación de la persona de algo de lo cual goza. Este mal es impuesto por el Estado y consiste en la perdida de bienes” (Del Pont, 1984).

En cuanto al concepto en referencia, Don Constancio Bernaldo de Quirós, con la claridad que caracterizaba a su pluma, consideraba a la pena como: “…la respuesta de la sociedad a la conducta delictiva” (Rodríguez, 1992).

Sea cual fuere el autor consultado al respecto, casi todos están en concordancia respecto a que la pena es una construcción social, que juega un papel fundamental en el control social del Estado para con los gobernados, y que básicamente, la pena es una reacción social, una respuesta generalizada al mal causado por el delincuente y que tiene como consecuencia la perdida de ciertos derechos, tales como la libertad, es decir, resiente un daño (pena) por el daño causado (delito), a esto se le llama retribución.

Por lo que, además, al considerársele peligroso para las personas del conglomerado social, es sometido a encierro para que no vulnere la tranquilidad y el orden de dicha sociedad, así como los bienes jurídicos de tutela penal de estos, quedando conferido a un establecimiento para el cumplimiento del castigo ordenado por el Estado y legitimado por la sociedad.

Al respecto de la pena privativa de la libertad, estamos claro que esta no fue la primera forma de sanción del sistema penitenciario; estamos claros respecto de lo que escribían los autores clásicos cuando se referían al sistema penal y carcelario, y mucho se ha escrito acerca de la lucha intelectual que se tenía en la época de Cesar Bonessana “Marqués de Beccaria” al escribir y divulgar su “Tratado de los Delitos y de las Penas”, el cual tenía como una pretensión muy atrevida para la época, el romper el paradigma del castigo a efecto de transformar la pena, y que se dejaran atrás los malos tratos y la tortura como método de obtención de la verdad sobre la que se fundamentaba la pena.

En este entendido, Beccaria afirmaba:

“…deberán ser escogidas aquellas penas y aquel método de imponerlas, que guardada la proporción hagan una impresión más eficaz y más durable sobre los ánimos de los hombres y la menos dolorosa sobre el cuerpo del reo” (Beccaria, 2008, p. 31).

Pero no solamente fueron autores como Beccaria quienes pugnaron para transformar la pena, hubo otros autores contemporáneos del autor citado que también se dedicaron a revisar la naturaleza del castigo; entre ellos desataco el jurista tlaxcalteca-español Manuel Lardizábal y Uribe con su “Discurso Sobre las Penas”, en el cual señalaba que:

“Una nación bárbara, feroz e ignorante pide diversas leyes, diversas penas y castigos, que una nación culta, ilustrada y de costumbres moderadas y suaves” (Lardizábal, 2005, p. 2).

Aquí vemos, que una de las afirmaciones que nos atrevimos a plasmar en esta investigación ya figurada en textos del siglo XVIII; obras que tenían la clara intención de acabar con las formas de castigo que eran utilizadas en Europa y América a manos del Santo Oficio, quienes empleaban mecanismos de tortura para arrancar confesiones, para posteriormente aplicar la pena, la cual muchas de las veces consistía en la “pena de muerte”; siendo ellos quienes se hacían cargo de la aplicación del castigo por la comisión de conductas no aceptadas por la sociedad, pero principalmente por la iglesia católica.

La época del Santo Oficio marco un hito en cuanto a la evolución del castigo, fue una época de miedo en donde se desarrollaron mecanismos de tortura que quedaron plasmados para la historia; pero que a pesar del impacto que ha tenido a través de la historia, no ha dejado de practicarse sistemáticamente en los países en los cuales no ha habido una evolución del sistema penal y de cárceles. Ahora bien, los modelos penitenciarios o de regímenes, si evolucionaron de forma muy interesante; cabria señalar cuales fueron los regímenes penitenciarios de importancia para comprender mejor la evolución de la reinserción social.

En este entendido, primeramente, debemos entender que se entiende por “sistema penitenciario”, el cual como ya mencionamos con anterioridad, consideramos arcaico, y creemos que debemos cambiar de denominación cuando nos referimos al “sistema de reinserción social y extinción de la pena”. Así pues, de conformidad con el Doctor Jorge Ojeda Velázquez (como se citó en INACIPE, 1992, p. 22) por “sistema penitenciario” debemos entender:

“Aquel complejo de reglas que un determinado ordenamiento jurídico pretende seguir en la ejecución de las penas, con el fin de obtener en el mejor modo posible los fines que se han propuesto alcanzar”.

 En este sentido, se puede entender que el “sistema penitenciario” pone en contexto las reglas que establece la ley en materia de ejecución de penas, a efecto de establecer el “régimen” a seguir en el cumplimiento o ejecución de la pena. Este sería pues, el régimen penitenciario.

A este respecto Luis Marco Del Pont, señala que por “sistemas penitenciarios” se entiende lo siguiente:

“Los sistemas penitenciarios están basados en un conjunto de principios orgánicos sobre los problemas que dieron origen a las reformas carcelarias y surgen como una reacción natural y lógica contra el estado de hacinamiento, promiscuidad, falta de higiene, alimentación, educación, trabajo y rehabilitación de los internos” (Del Pont, 2005, p. 121).

Este concepto del Doctor Marco Del Pont, nos muestra la importancia que tiene la evolución de los sistemas o regímenes penitenciarios, ya que nos infiere que estas reformas nacen a partir de la necesidad de mejorar las condiciones de los internos, incluyendo entre estas la alimentación (por consecuencia la salud), la educación y el trabajo, así como la rehabilitación de los internos. Aspectos que nos ubican en el contexto histórico de la moderna “reinserción social” del sentenciado.

Entre los modelos de régimen penitenciario que más se conocen, de conformidad con Del Pont (2005), y que considerados como los más importantes en la evolución hacia la rehabilitación, regeneración, reeducación, readaptación, o la ahora denominada “reinserción social” son:

  1. Celular o pensilvánico;
  2. Auburniano;
  3. Progresivo (Crofton, Montesinos, Reformatoria Borstal y de clasificación);
  4. All`aperto;
  5. Prisión abierta;
  6. Otras formas en libertad (p. 121).

El régimen penitenciario denominado “celular o pensilvánico”, consistía en cuanto a su operación en lo siguiente:

“…en 1790, diez años después de la muerte de John Howard, en la cárcel de Walnutt Street de Filadelfia, capital del estado de Pensilvania, aparece el sistema llamado del “Confinamiento Solitario” que, como su nombre enseña, consiste en el aislamiento celular continuo, diurno y nocturno, desde el primer día al último de la condena, así está fuese de muchos años, así fuese “una perpetua”, como en España se decía” (INACIPE, 1992, p. 24).

Por otro lado, el régimen penitenciario denominado “Auburniano”, consistía de acuerdo con Don Constancio Bernaldo de Quirós (como se citó en INACIPE, 1992, p. 24) en lo siguiente:

“Contados años después, en el Estado de Nueva York, en la cárcel llamada de Sing-Sing, se muestra un segundo sistema celular, que no sabríamos llamar si atenuado o agravado, y que consiste en limitar el aislamiento celular continuo tan solamente a la noche, reemplazándole, de día por el trabajo en común bajo la severa regla del silencio”.

El primer régimen (celular o pensilvánico) señalaba un “confinamiento solitario”, el segundo (Auburniano) empleaba el trabajo en común bajo la regla del silencio, y en la que operaba el aislamiento celular solamente por la noche. Estos dos modelos de régimen carcelario son de los denominados “sistemas celulares”, más tarde aparecerían los denominados “progresivos”. Entre los diversos modelos de régimen penitenciario, conocidos también como “sistemas progresivos antiguos” podemos encontrar el de Montesinos, Maconochie, Crofton, entre otros. Estos regímenes o sistemas penitenciarios cambiaron en gran medida la forma en que se estaba trabajando en los centros penitenciarios de la época, poniendo en el centro a la persona, buscando su rehabilitación social.

El modelo progresivo de Montesinos consistía en tres etapas, a saber:

  1. De los hierros.
  2. Del trabajo.
  3. De libertad intermedia.

Como se observa, en este régimen “progresivo” se va avanzando de una etapa o fase del “castigo”, a una del trabajo, hasta llegar a la de la libertad intermedia, la cual consistía en permitirle al reo salir en el día a la ciudad, comprometiéndose a regresar de noche a cumplir con su encierro.

El sistema progresivo de Maconochie, de acuerdo con Don Constancio Bernaldo de Quirós (como se citó en INACIPE, 1992, p. 25), se encontraba provisto de tres etapas diversas:

  1. El primer periodo a lo Filadelfia, de aislamiento celular continuo, diurno y nocturno, en la celda.
  2. El segundo periodo, vencido el anterior con buen éxito, a lo Auburn, o sea, como es sabido, aislamiento celular nocturno y trabajo diurno en común, bajo la estrecha regla del silencio.
  3. El tercer periodo es el denominado: Ticket of Leave. El boleto, la licencia de la prisión, comprada, antes del tiempo legal de la condena, a fuerza de vales de buen comportamiento en los periodos anteriores.

Por otro lado, el denominado sistema progresivo de Crofton, se encontraba dividido en cuatro etapas (INACIPE, 1992, p. 25-26):

  1. El primer tiempo era al tipo de sistema Filadelfia;
  2. El segundo era al tipo Auburn;
  3. El tercer tiempo era la Libertad Intermedia, es decir, a lo Montesinos; este tercer tiempo fue subdividido en varios grados en los cuales el penado obtenía mayores ventajas, siendo la pérdida del uniforme carcelario la última de ellas;
  4. El cuarto tiempo era el de la Libertad Anticipada.

La idea de rehabilitación del penado, no es una idea nueva o moderna, puesto que los clásicos ya se encargaban de reflexionar acerca de la necesidad de crear formas distintas de tratamiento evolutivo y/o progresivo para modificar la conducta del interno, y que el encierro no fuese solamente para cumplir con la “penitencia”, sino que sirviera para que la persona se adecuara a las condiciones de orden y disciplina, además de realizar labores que le sirvieran para desempeñar algún oficio cuando cumpliese con su condena, la cual, como quedo de manifiesto estaban en condición de cumplir anticipadamente.

Bien es cierto que no es el régimen que más se desea y funciona, sin embargo, fueron los primeros intentos por mejorar las condiciones de encierro de los privados de la libertad en el sistema penitenciario, siendo los primeros pasos que se dieron para llegar a lo que ahora denominamos “reinserción social”, pero cierto es, que estamos lejos de cumplir con las condiciones de internamiento que marcan las leyes y tratados internacionales que refieren las normas mínimas para lograr la reinserción social de los sentenciados en nuestro país, una deuda del Estado en la que definitivamente se tiene que empezar a trabajar de una forma distinta a través de la transversalidad de las políticas públicas y la corresponsabilidad de las instituciones gubernamentales.

abdubetancourt@hotmail.com

*Doctorando en Estudios Sociales en la Línea de Investigación Seguridad Pública y Relaciones Institucionales en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California; cuenta con estudios de Doctorado en Ciencias Penales, y es Maestro en Criminología por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales; Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California y Licenciado en Seguridad Pública con opción terminal en Investigación Policial por la Academia de Seguridad Pública del Estado de Baja California; Ha sido servidor público en instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y sistema penitenciario; Es Asesor legal y Consultor en Seguridad e Inteligencia; Profesor de Derecho Penal y Criminalística de la Facultad de Derecho Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California, y de Política Criminológica en la Licenciatura y Posgrado de Criminología en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales; Obtuvo el Segundo Lugar de la categoría profesional en el Primer Concurso Nacional de Investigaciones Criminológicas 2010-2011 de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal y Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social.

 

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Por Abdú Betancourt Cabrera*

@AbduBetancourt

La Policía en México es una de las instituciones gubernamentales de las cuales más se critica su trabajo, y de cierta manera, la opinión pública y los ciudadanos tienen razón; son muy criticables algunas acciones llevadas a cabo por la fuerza pública, la cual mediante dichas actuaciones llega a vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos, y ejemplos de ello hay muchos, pudiésemos citar los casos de Atenco y Tlatlaya, uno más añejo que el otro, pero claro ejemplo de lo que aquí se afirma, casos que han pasado por las manos de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  por las violaciones graves a los derechos humanos, y el segundo caso, de igual manera investigado por el Ombudsman nacional (CNDH), también resultando en violaciones graves a la vida por parte de Policías Federales.

Pudiésemos argumentar muchos casos en este sentido, en el cual los ciudadanos resultan victimizados por el abuso del poder de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; pero también es menester, analizar las condiciones victimizantes de estos funcionarios policiales, los cuales también llegan a ser víctimas del abuso del poder.

De conformidad con el Artículo 18 de los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso del Poder, por Víctimas del Abuso del Poder se entiende:

“…las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños físicos o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del Derecho Penal nacional, pero que violen normas internacionalmente reconocidas, relativas a los derechos humanos”.

En este entendido, podemos señalar que el elemento policial sufre condiciones que vulneran sus derechos humanos de manera sistemática; desde los malos tratos que se reciben en la formación inicial, situación que va preparando al cadete que se convertirá en policía a violentar los derechos humanos de los ciudadanos; es cierto que muchas ocasiones se justifica el adiestramiento militarizado en las academias desde el punto de vista de la disciplina y el orden, pero también es cierto que esta situación de encierro y malos tratos, van generando una animadversión y resentimiento del novel policía para con la sociedad, el cual muchas veces sale a vengarse del mal causado en su cautiverio.

Sorteado el primer obstáculo de su carrera policial, claro, sin antes haber pasado por el temible proceso de control de confianza, con sus baterías de exámenes psicológicos aplicados todos en una sola sesión, incluida la entrevista psicológica y socioeconómica, sin dejar atrás el instrumento moderno de tortura como lo es el polígrafo, herramienta de la cual, ya en otra época, la Corte Suprema de nuestro país se pronuncio en contra, considerándola como una prueba no plena de la responsabilidad de una persona, sin embargo es uno de los principales exámenes que se aplican para determinar la entrada o no de un aspirante a una institución policial o de procuración de justicia, su utilización fue consecuencia de la Reforma en materia de Seguridad y Justicia que trajo consigo el tan combatido y aborrecido Artículo 123 de nuestra Carta Magna.

Este proceso de (des)control de confianza al cual son sometidos los aspirantes y los elementos activos de las instituciones policiales para permanencia, es una forma de perfilación basada en prejuicios, ya que aquellos jóvenes que desean integrarse a un cuerpo de policía, pero que alguno de sus familiares, en algún grado consanguíneo tiene antecedentes delictivos, le es negado su derecho a dedicarse a este trabajo licito (Derecho Humano por cierto), porque recae en él un estigma, una etiqueta, los cual es una forma de discriminación, la que por cierto está prohibida por el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violentando así los derechos humanos.

Debemos agregar además, que siguiendo la Teoría del etiquetamiento criminal o labeling approach, a ese joven que se le coloco la etiqueta de hijo, hermano, primo o familiar de delincuente, tendera a asociarse o vincularse con el delito, situación causada por el estigma del que se le hizo parte por las instituciones evaluadoras o certificadoras. Sería interesante preguntarnos ¿Qué tan criminógenas son este tipo de políticas criminales? ¿Cuántos de estos jóvenes poseían espíritu de servicio policial? Se les niega también el derecho a desarrollarse y a preparase académicamente, ya que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar una licenciatura, maestría y hasta doctorado siendo parte de la policía.

La génesis del Artículo 123 de nuestra Constitución Política, es la doctrina Jacobsiana del Derecho Penal del Enemigo, consistente en la identificación del enemigo del Estado, al cual se le aplicara un derecho de excepción, como el caso de los integrantes de las instituciones policiales, los cuales son clasificados bajo este criterio como enemigos del país, y en consecuencia deben ser tratados de forma excepcional, violentando sus derechos humanos.

El constructo normativo lapidario de los integrantes de las policías, Ministerios Públicos y Peritos, reza de la forma siguiente:

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán:

  • Ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones.
  • Podrán ser removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
  • Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

¿Qué es más violatorio de los derechos humanos que lo hasta aquí señalado? Violando el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho al buen nombre; atentando contra la dignidad de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia. Se nos olvida que quienes portan el uniforme también son personas, son seres humanos que tienen familia, que también desean superarse y brindarles condiciones de desarrollo a sus hijos; no todos los policías son malos, sin embargo, son los que más se observan, los que son exhibidos en las redes sociales y en la televisión, algunos señalados injustamente, otros con razón; pero por las malas acciones de algunos la sociedad generaliza y ataca con odio a todo policía, sea bueno o sea malo.

El policía, a pesar de demostrar ante los tribunales su inocencia, bajo el criterio del Artículo 123 de la CPEUM, no podrá ser reinstalado y si acaso tendrá derecho a una indemnización, la cual bajo los lineamientos de las leyes estatales de seguridad pública no podrá consistir en más de tres meses de sueldo, por lo que consideramos también otra violación grave a los derechos humanos de los elementos policiales. Quienes ni demostrando su inocencia podrán regresar a desempeñarse como agentes policiales. ¿Esto acaso no viola la presunción de inocencia?

Otra de las violaciones a los derechos humanos en el mundo policial, es el derecho humano a la salud, a la vivienda digna, al acceso a satisfactores de primera necesidad. Es triste platicar con amigos y compañeros policías y escucharles decir que en tal o cual constructora o banco les negaron créditos para vivienda, o que en tal tienda departamental les niegan créditos, siendo la justificación, que tienen un trabajo de riesgo, es decir, que se pueden morir en cualquier momento, no pudiendo cubrir la deuda por ello. Esto es una realidad. Somos discriminados por ser policías, no solo por la ciudadanía, también por el sector empresarial el cual en infinidad de ocasiones se sirve del servicio que prestan las instituciones policiales. 

El elemento policial vive en condiciones de inseguridad social, jurídica y personal permanentes, lo cual lo hace proclive a la violencia, viendo al ciudadano como ingrato por el trato que recibe a diario, y al delincuente como objeto para descargar su frustración. Sobre este tópico, Bernardo Gómez del Campo Díaz Barreiro señala que:

“La inseguridad lleva irremediablemente a la baja autoestima, con la consiguiente inutilidad del individuo para enfrentar los problemas de sus relaciones. Lo anterior suele acompañarse de violencia contra él mismo y contra los demás; así como de una actitud agresiva general. Esto es directamente proporcional a la presencia de adicciones, conformación de familias disfuncionales, abandonos y en un número alarmante en el medio policial, de divorcios y suicidios”.

En cuanto a la seguridad social se refiere, el diverso 123 de la Constitución invocado con anterioridad, después de la saña contra los trabajadores de la seguridad y justicia, menciona que:

Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

Precepto Constitucional que sólo existe en el papel, ya que los miembros de las instituciones policiales carecen de sistemas dignos de seguridad social, no se cuentan con criterios específicos para la jubilación y el retiro, los servicios médicos son deficientes, y cuando se tiene una lesión que produce una discapacidad permanente a causa del cumplimiento del deber, el agente policial queda en el limbo jurídico y tiene que pelear para que se les cubra su sueldo integro por la institución policial a la que se le entrega la propia vida. Esto en definitiva, no es justo.

Además, el elemento policial tiene un pie en la libertad y el otro en la cárcel, esto por la falta de seguridad jurídica en cuanto al uso de la fuerza, derecho policial sine qua non, por esta razón es que se debe contar con leyes y protocolos unificados que regulen el empleo de la fuerza y las armas de fuego, para que cuando el policía use legítimamente y de forma racional la fuerza no se vea vulnerado su derecho humano a la libertad, siendo restringido este por la prisión preventiva o incluso la prisión pena. Un instrumento de esta naturaleza generaría además un mecanismo de vigilancia y transparencia para el irrestricto respeto a los derechos humanos.

Con relación a lo aquí descrito, consideramos que se deben construir estrategias para mejorar las condiciones de desarrollo de las policías:

Primera.- Ejecutar la política pública en materia de carrera policial, respetando los lineamientos que de ella emanan, a efecto de mejorar las oportunidades de ascenso y jerarquía, sirviendo el abordaje y ejecución de la misma como una política criminológica de carácter preventivo de conductas delictivas y antisociales como el cohecho (corrupción) y las violaciones a derechos humanos.

Segunda.- Reformar el Artículo 123, Apartado B, Fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar el derecho de excepción, para que quien demuestre su inocencia ante los tribunales pueda ser reinstalado en cargo de elemento policial; y de una vez ir erradicando de nuestra Carta Magna los criterios del derecho penal del enemigo. Así mismo, en el mismo orden de ideas, se propone reformar el esquema de control de confianza que se encuentra vigente, eliminando de tajo la práctica del uso del polígrafo.

Tercera.- Se propone la creación de la Ley general de Seguridad Social para los Elementos de las Instituciones Policiales, a efecto de cumplir con lo mandatado por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al sistema complementario de seguridad social con la que deben contar los elementos de las instituciones policiales, buscando además velar por la salud física y mental de los integrantes de las instituciones policiales del país. Acceso a una jubilación y pensión dignas y en apego a la ley al culmino de su carrera policial, regulando el tiempo servicio para el retiro (25 años de servicio activo), así como acceso a vivienda digna, ya que es difícil para los policías del país acceder a créditos de vivienda. Siendo fundamental la creación del Instituto de Servicios de Seguridad Social para las Instituciones de la Fuerza Pública Mexicanas.

Cuarta.- Otra de las propuestas es la creación de la Ley general del Uso de la Fuerza para las Instituciones de Seguridad Pública, la cual buscará proteger la seguridad jurídica de los elementos de las instituciones policiales en los casos de empleo de la fuerza y las armas de fuego; así como, regular el nivel de fuerza empleado para controlar la resistencia agresiva de los ciudadanos que revistan algún riesgo para el policía y terceros. Y velar por el respeto a los derechos humanos a los ciudadanos que sean sometidos a algún método de control durante la detención, además de establecer los criterios para el uso de la fuerza durante manifestaciones en las cuales se ponga en riesgo la paz y el orden público.

Quinta.- Se propone la creación de un Ombudsman Policial, el cual vigile la preservación de los derechos humanos de los elementos de las instituciones policiales; así mismo vigile que los mismos no vulneren los derechos humanos de la población, adoptando políticas del uso de la fuerza racional derivadas del análisis y el cumplimiento de la ley, así como la transparencia en el uso y gestión de los recursos por parte de las instituciones de seguridad pública.

abdubetancourt@hotmail.com

*Doctorando en Ciencias Penales y Maestro en Criminología por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales; Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California y Licenciado en Seguridad Pública con opción terminal en Investigación Policial por la Academia de Seguridad Pública del Estado de Baja California; Obtuvo el Segundo Lugar de la categoría profesional en el Primer Concurso Nacional de Investigaciones Criminológicas 2010-2011 de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal; Profesor Universitario de Criminología y Política Criminológica, y Secretario General y fundador de la Comisión de Justicia Penal y Prevención del Delito, A.C.

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Por Abdú Betancourt Cabrera*

En unos cuantos días se define quien será nuestro próximo Presidente de la República, y los cierres de campaña nos empiezan a mostrar la cara de quienes detentan el poder en México, se observa en los distintos Estados donde gobierna “Chana o Juana” que los acarreos masivos son la regla y no la excepción, en donde los gobernadores o munícipes ponen toda la estructura gubernamental a la orden del candidato que representa su partido político. Como se dice coloquialmente “Echan toda la carne al asador”.

Si bien es cierto que los acarreos masivos en camiones para su traslado no representa ningún delito electoral en este momento, pero el Modus Operandi, es el mismo que ponen en práctica durante la jornada electoral, ese mecanismo ya lo conocemos, ya que lo hemos visto en repetidas ocasiones; hemos observado como los representantes de los partidos políticos hegemónicos movilizan grandes cantidades de votantes y se les dota de alimentos (Una Torta y un Frutsi) con tal de que emitan su sufragio a favor del “Candidato”“Partido”, además, se les compra el voto por cantidades irrisorias, conducta a la que acceden muchas personas, derivado de la condición económica y de exclusión en la que se encuentran en la mayoría de las ocasiones los votantes.

Pero en especifico; ¿Qué son los Delitos Electorales? Para comenzar, tenemos que definir que es un delito; en este sentido, y de conformidad con el Artículo 7 del Código Penal Federal, delito es “Toda acción u omisión que sancionan las leyes penales”.

En este sentido el Doctor Cesar Augusto Osorio y Nieto señala que: “Los delitos electorales atentan contra el secreto, la universalidad, la individualidad, la libertad y honestidad del sufragio, o sea contra la libre expresión de la voluntad ciudadana individual en materia política”.[1] En este tipo de delitos, el principal bien jurídico tutelado que se intenta proteger es el sufragio efectivo del ciudadano, para lo cual existen las diversas hipótesis típicas establecidas en la ley penal especial de la materia.

Así pues, la facultad de legislar en materia electoral encuentra su fundamento en el Artículo 73 Fracción XXI, Inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en donde se establece que; El Congreso tiene la facultad para expedir: “Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral”.

En este entendido, el numeral Constitucional aludido anteriormente, sirve como fundamento para la creación de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, legislación en donde se tipifican las principales conductas dañosas que vulneran la jornada electoral y en particular se intenta tutelar el sufragio efectivo de los ciudadanos que ejercen su libertad de elegir a sus gobernantes y legisladores en los diversos Poderes (Ejecutivo y Legislativo) y ordenes de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal).

En cuanto a las principales conductas tipificadas por la ley especial, en el diverso 7 se señala que quien comete las conductas señaladas en las fracciones del mismo, se harán acreedores a una pena de prisión de seis meses a tres años y de cincuenta a cien días multa.

Entre las conductas señaladas como delito electoral en este Artículo destacan las que se señalan a continuación:

III. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo;

Como se observa, la conducta señalada de hacer proselitismo o presionar a los electores el día de la jornada electoral, con la intención de orientar el sentido de su voto o para que no vote, tiene una penalidad de prisión y sanción pecuniaria, teniendo en consideración que la pena privativa de la libertad puede llegar hasta los tres años.

Otra de las conductas que consideramos importante mencionar para nuestra empresa es la que nos señala la Fracción IV del numeral 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales en comento, y la cual menciona lo siguiente:

IV. […] introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas…

Acción criminosa comúnmente llevada a cabo por miembros de partidos políticos al verse rebasados por sus contrincantes en los resultados electorales, por lo que en muchas ocasiones se intenta “embarazar” las urnas con votos a favor de su partido o candidato.

Una de las conductas delictivas que es muy común que se configuren con anterioridad y durante la celebración de la jornada electoral es la que señala la Fracción V del Artículo en comento:

V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos;

Sobre este tipo de acciones delictivas observamos denuncias en los medios de comunicación, en las redes sociales, y en ocasiones lo sabemos por comentarios de ciudadanos que denuncian de viva voz este tipo de actos realizados por diversos partidos políticos; por lo que se insiste en que se acuda ante la autoridad Ministerial a denunciar este tipo de hechos constitutivos de delitos electorales que se configuran en cualquier tiempo (Antes o durante), no es preciso que su ocurrencia sea el día de la jornada electoral, como se señala para otras conductas tipificadas en la ley.

Es bien sabido que muchas personas, derivado de las condiciones de pobreza y exclusión social, llegan a vender su voto a favor de tal o cual partido político, por el cual reciben una cantidad irrisoria por emitir su sufragio a favor del postor. En cuanto a este mecanismo de operación criminal “tradicional” llevado a cabo por los partidos políticos, la Fracción VI del Artículo 7 nos señala la siguiente conducta delictiva:

VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma.

Así pues, la conducta también se configura cuando se amenaza o se ejerce violencia para presionar a otros a asistir a eventos proselitistas, los famosos “acarreos masivos”; la violencia o amenaza también puede ser ejercida sobre el sujeto pasivo, obligándolo a votar o abstenerse de votar por candidato, coalición o partido político, lo cual puede darse durante la campaña electoral o el día de las elecciones.

Esos “acarreos masivos” mencionados, también se presentan el día de la jornada electoral, pero de manera diversa, ya que esta consiste en movilizar a grupos de personas en vehículo e incluso camiones con la intención de influir no sólo en el sentido del voto, sino también por consecuencia en el resultado electoral; en este entendido, la Fracción X del Artículo mencionado señala:

X. Organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto;

Esta conducta delictiva generalmente va antecedida de la solicitud de la credencial de elector, o de la compra del sufragio o de promesa de pago del mismo mediante evidencia del sentido de su voto por fotografía, lo que también constituye un delito electoral de conformidad con la ley; y lo que consideramos desde el punto de vista del Derecho Penal, es un concurso real de delitos, ya que se presentan diversas conductas que violentan lo normado y tutelado por la ley especial en sus distintas hipótesis típicas.

En cuanto a los funcionarios electorales que incurran en conductas similares a las señaladas en el numeral anterior, serán acreedores a una pena de prisión de dos a seis años y de cincuenta a doscientos días multa, como lo estipula el Artículo 8 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, entre las conductas que son tipificadas en el diverso en comento, destacan las siguientes:

Alterar, sustituir, destruir, comercializar o hacer uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores (Fracción I); Alterar los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales (Fracción IV); Inducir o ejercer presión sobre electores para votar o abstenerse de votar por un partido político, coalición o candidato (Fracción VI); Divulgar de manera dolosa y pública noticias falsas respecto de los resultados y desarrollo de la jornada electoral (Fracción X).

De igual manera, el Artículo 9 de la ley de la materia señala que se aplicará pena privativa de libertad de dos a seis años y de cien a doscientos días multa a los funcionarios partidistas o candidatos que lleven a cabo las siguientes conductas típicas, antijurídicas y culpables, consistentes en:

Ejercer presión o inducir a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato el día de la elección o en alguno de los tres días anteriores a la misma (Fracción I); Distribuir propaganda electoral durante la jornada electoral (Fracción II); Abstenerse de rendir cuentas, comprobar o justificar gastos ordinarios o de eventos proselitistas de campaña de algún partido político o coalición (Fracción VII); Solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación en las etapas de preparación o en la jornada electoral (Fracción VIII).

El diverso 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, señala que se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que realice las conductas siguientes:

Coaccionar o amenazar a sus subordinados para participar en eventos proselitistas, para que vote o se abstenga de votar por algún candidato, partido político o coalición (Fracción I); Condicionar la prestación de un servicio público, cumplimiento de programas de gobierno, otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, etcétera, a la emisión del sufragio a favor de candidato, partido político o coalición o la abstención de su voto. En este sentido, si el condicionamiento de programas gubernamentales, se realiza utilizando programas sociales se aumentará hasta un tercio la pena prevista (Fracción II); Proporcionar apoyo o prestar servicio a precandidato, partido político, coalición o candidato, por si mismo o a través de sus subordinados en horarios laborales (Fracción IV).

En este sentido, es de toral importancia conocer las principales conductas delictivas que se pueden presentar en esta jornada electoral, para evitar ser víctimas, participes o copartícipes de algún delito electoral; recordemos que nuestro voto es secreto, individual y libre, ejerzamos nuestros derechos electorales con objetividad y responsabilidad, es una de las prerrogativas que nos otorga nuestra Carta Magna para elegir a quienes queremos que nos gobiernen y legislen en representación de la sociedad. Así mismo, en caso de tener conocimiento de algún delito de esta naturaleza, tenemos la responsabilidad de denunciarlo ante la autoridad Ministerial competente, es decir, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República.

La conclusión a este breve artículo de los delitos electorales es a manera de recomendación; vaya a votar y ejerza sus derechos como ciudadano, vote por el candidato y partido político que más le plazca, pero, VOTE, no deje que los demás  o unos cuantos decidan por Usted; recuerde a Platón por enésima ocasión: “El Precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres”.    

@AbduBetancourt

*Doctorando en Ciencias Penales y Maestro en Criminología por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales (CESCIPE); Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC); y Licenciado en Seguridad Pública con opción terminal en Investigación Policial por la Academia de Seguridad Pública del Estado de Baja California (ASPE); Obtuvo el Segundo Lugar de la categoría profesional en el Primer Concurso Nacional de Investigaciones Criminológicas 2010-2011 de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal; Servidor Público en el ámbito de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia; Profesor Universitario de Ciencias Penales y Política Criminal, y además ha sido Secretario General de la Comisión de Justicia Penal y Prevención del Delito, A.C. en Baja California.

[1] Osorio y Nieto, Cesar Augusto, Delitos Federales, Editorial Porrúa, México, p. 167.

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Por Abdú Betancourt Cabrera*

Se ha soltado una bomba mediática en vísperas del tercer debate de los candidatos a la Presidencia de la República, situación que en específico ha golpeado de forma contundente al candidato del Partido Acción Nacional (PAN) Ricardo Anaya Cortés, el cual, al final de cuentas, si resulto ser un “canallín”, enriqueciéndose ilícitamente mediante la comisión del delito de lavado de dinero, conducta cuyo resultado, al parecer también le ayudo a financiar su campaña presidencial.

Esta es una acusación de hace algún tiempo, de hecho ya se le había encarado en el primer debate de candidatos a la “grande”, sacándose de la manga un expediente, que según él, ya había quedado resuelto y absuelto de toda conducta criminal de cuello blanco. Pero recientemente hemos visto, como un video de dudosa autoría, ha vuelto a prender la mecha del asunto que se le imputa al candidato de la coalición “Por México al Frente”, en donde el hermano de su presunto socio confiesa que en efecto ha habido diversas conductas que ponen en tela de duda la “pureza” del candidato Anaya. 

Pero, todos nos preguntamos, ¿Qué es eso que se le llama “Lavado de dinero”? ¿Cómo lavó dinero el candidato Anaya? y ¿Para qué?, preguntas que trataremos de explicar en este artículo, ya que es de interés de la sociedad el conocer este fenómeno que se está presentando en el mundo de la política y los políticos mexicanos, y que le han causado un menoscabo al patrimonio del Estado y de los mexicanos.

Cuando se habla de “Lavado de dinero”, siempre se piensa en narcotraficantes, en bandas organizadas del crimen, sicarios y toda la parafernalia que se ha construido alrededor de este fenómeno criminal. Pero, ¿Qué es el Lavado de Dinero? El Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI) define el “Lavado de dinero” como “…el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente”.

En nuestro país el “Lavado de dinero” es una conducta que se encuentra tipificada en el Código Penal Federal en el artículo 400 Bis, donde se le define como “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”; tipo penal al que también nos hace referencia el Artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFCDO) en su Fracción I, lo que nos indica que cuando se trate en el delito en comento de la participación de tres o más personas, organizadas de hecho, y que hayan cometido de forma permanente y reiterada la conducta, por ese solo hecho se les considerará como miembros de la “Delincuencia Organizada”.  

Entonces el candidato de la coalición “Por México al Frente”, es un delincuente organizado, ya que en la conducta que se le imputa participaron tres o más personas, llevando a cabo actividades permanentes y reiteradas para el logro del fin delictual. ¿Es esto a lo que se le llama Narco Estado? ¿Cómo es posible que un sujeto como este pueda competir por la Presidencia de la República? Al parecer en México todo es posible, siempre los que más golpes de pecho se dan, son lo que resultan manchados y con una cola tan grande que a lo lejos se les ve la calaña.

Cuando se habla de “Lavado de dinero” en el ámbito nacional, se mencionan tres corrientes, la primera, aquella que se relaciona con las actividades del “narco”, la segunda, vinculada a la consistente en el traslado de capitales al exterior, a efecto de evadir impuestos o fraudear al fisco; y la tercera, que se da mediante conductas encaminadas a la obtención de grandes sumas de dinero mediante la corrupción de políticos en activo, y las cuales se invierten en empresas fantasmas para desviar la atención de esta actividad criminal, dándole visos de legalidad a los recursos obtenidos de forma ilícita.

Es necesario señalar que para que exista el “Lavado de dinero” es necesario que este numerario pase por tres etapas: 1) Colocación: Esta es la etapa inicial, en donde el lavador de dinero dispone de los productos o de las ganancias de actividades criminales en efectivo; 2) Transformación: El lavador de dinero intenta separar los productos de procedencia ilícita, sometiéndolos a una serie de operaciones o transacciones de conversión, lo que hace más difícil su conexión, rastreo y detección; 3) Integración: El lavador aparenta la legitimidad de los recursos ya lavados y los incorpora abiertamente dentro de las economías legítimas, como inversiones o a través de la adquisición de bienes.

Si se analiza la conducta imputada a Ricardo Anaya Cortés, se observará que la misma bien puede encuadrar en el tipo penal de “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, ya que sus consocios llevaron a cabo las conductas previstas en las Fracciones I y II del Artículo 400 Bis del Código Penal Federal, misma que señala, que se impondrá una pena de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:

I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o

II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.

Por lo que se deduce que la conducta desplegada por el candidato de la coalición “Por México al Frente”, la cual ha sido ya muy comentada en los distintos medios de comunicación, y que consistió en ocultar recursos de los cuales no se ha acreditado la legítima procedencia, y utilizados para realizar una compra simulada, mediante numerario que paso por diversas sociedades financieras en diversos países y paraísos fiscales, para terminar siendo invertido en la compra de una nave industrial por la cantidad de 54 millones de pesos a favor de Anaya Cortés, provenientes del empresario queretano de apellido Barreiro.

Lo interesante es que ese mismo predio había sido comprado por el candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés al mismo Manuel Barreiro (ahora comprador) por la cantidad de 10 millones de pesos, acciones que realizaron mediante empresas de las que se conocen en el argot como “fantasmas”. Sumándole a esta tragicomedia de la política mexicana, que lo antes referido esta sustentado en el dicho de dos asesores financieros de nombres “Daniel” y “Alberto”, y que la grabación exhibida en donde el hermano de Barreiro hace referencia a los tratos que tiene su hermano Manuel con Anaya, en donde menciona acerca de negocios lucrativos hechos y por venir, es que el presidente del Senado de la República Ernesto Cordero, connotado panista, denuncio ante la Procuraduría General de la República (PGR) al candidato de la coalición “Por México al Frente”, y pidió el Senador panista al Ministerio Público de la Federación, que investigue a Ricardo Anaya Cortés por los señalamientos hechos en el video exhibido en medios, y que se llegue a las últimas consecuencias, ya que son actos reprochables que no deben quedar impunes sólo por tratarse de un candidato presidencial.

Como vemos, el “viacrucis” electoral está por concluir, y la cloaca se sigue destapando, y es momento en el que quien pedía una alianza para derrotar a Andrés Manuel López Obrador, ahora acusa de quererlo afectar en su imagen al Gobierno Federal, y dice que Enrique Peña Nieto ya pacto con el candidato puntero la impunidad por los delitos cometidos. El día de hoy tendrá verificativo el tercer debate de candidatos a la Presidencia de la República, y la verdad es que no le auguramos éxito alguno al candidato de la coalición “Por México al Frente”, de quien adelantamos será el “gran perdedor” de esta contienda, esta de cara a la lona, y vemos difícil pueda levantarse, esta ha sido un knock-out contundente para sus aspiraciones presidenciales, digámosle adiós a Ricky Riquín Canallín.

A manera de conclusión, y de nueva cuenta recordaremos a Platón, con aquella afirmación que rezaba de la forma siguiente: “El Precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres”.    

@AbduBetancourt

*Doctorando en Ciencias Penales y Maestro en Criminología por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales (CESCIPE); Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC); y Licenciado en Seguridad Pública con opción terminal en Investigación Policial por la Academia de Seguridad Pública del Estado de Baja California (ASPE); Obtuvo el Segundo Lugar de la categoría profesional en el Primer Concurso Nacional de Investigaciones Criminológicas 2010-2011 de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal; Servidor Público en el ámbito de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia; Profesor Universitario de Ciencias Penales y Política Criminal, y además ha sido Secretario General de la Comisión de Justicia Penal y Prevención del Delito, A.C. en Baja California.

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Por Abdú Betancourt Cabrera*

Como escenario la ciudad de Tijuana, Baja California y como sede nuestra Máxima Casa de Estudios y Alma Mater, la Universidad Autónoma de Baja California, se celebró el segundo debate entre los candidatos a la Presidencia de la República (La Grande), quienes bajo la formula ya conocida, pero en un formato distinto, se enfrentaron en un toma y daca para tratar de salir menos raspados de la gresca política en la que se metieron.

En definitiva, la contienda por “La Grande” esta entre dos personajes, Andrés Manuel López Obrador “El Peje” del Movimiento Regeneración Nacional y Ricardo “Ricky Riquín Canayín” Anaya Cortés, representante de la derecha, la izquierda, el centro, y…(PAN-PRD-MC, etcétera); los otros dos, no despegan a pesar de los millones que ha invertido el candidato del PRI José Antonio Meade “El Pinto” para que su imagen este en los medios masivos de comunicación (Al estilo EPN); y Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, a pesar de haber escalado vertiginosamente del 5to al 4to lugar y presumir de una “Supuesta” Independencia, la verdad es que no repunta en las encuestas.

Pero bueno, revisemos que es lo que dijeron los Candidatos Presidenciales en este segundo debate, que a nuestro parecer, no ha movido la balanza a ningún lado, desde nuestro punto de vista, creemos que el único que subirá un poco en la intención de voto será “El Bronco”, quien utilizo la estrategia del mediador para que el público lo observara como alguien distinto a aquel que propuso “mocharle las manos a los delincuentes”, a pesar de que seguirá en el sótano, con el porcentaje de bateo más bajo, ya que el que va “Macaneando” en la carrera por la grande es “El Peje”, y creemos que el presente debate no revertirá las tendencias.

En este debate entre los distintos candidatos a la Presidencia de la República, que insistimos más que debate, es una serie de ataques pandilleriles de quienes se encuentran en desventaja contra el puntero, todos contra López Obrador; dejando atrás el debate real, las propuestas de política que deseamos ver los mexicanos, sin embargo le han cambiado la perspectiva a los debates de los candidatos, ya que creen que los mexicanos queremos ver lucha libre en lugar de política. Así nos consideran a los mexicanos. Unos ignorantes.

Uno de los temas centrales de este debate fue la “Seguridad Transfronteriza y el Crimen Transnacional”, así como el fenómeno de la “Migración”; y al respecto, los candidatos se refirieron con relación al crimen transnacional de la manera siguiente:

Andrés Manuel López Obrador del Movimiento Regeneración Nacional, refirió que se iba a combatir el fenómeno del crimen organizado transnacional atendiendo las causas que generan esta criminalidad, que el fuego no se apaga con el fuego; mientras que Ricardo Anaya Cortés del PAN-PRD, quien refirió que Estados Unidos debe atender su problema de adicción a las drogas y parar el tráfico de armas de fuego hacía nuestro país, mientras que Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, refirió que el problema del crimen transnacional y la seguridad en la frontera son las “Aduanas” por la corrupción que desborda a las mismas. Mientras que el representante de la Mafia del Poder José Antonio Meade (PRI-PVEM) mencionó que el problema del crimen transnacional es el tráfico de armas de fuego y su flujo hacía México, y aprovecho la oportunidad para acusar a la candidata de MORENA al Senado en Guerrero, Nestora Salgado, de “delincuente”.

En este sentido, el candidato José Antonio Meade (PRI-PVEM), prometió un Protocolo de Búsqueda y Localización de Armas de Fuego en las Aduanas mexicanas, que por cierto, estas dependen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de donde Meade ha sido dos veces Secretario; ya que dice que estas armas de fuego sirven para matar personas en nuestro país, por lo que buscará evitar que lleguen a las calles mediante sistemas tecnológicos para su localización, mencionando este candidato que las “Armas y el dinero fortalecen al crimen organizado”, y nos dice, que no solo el narcotráfico es delincuencia organizada, sino también el robo (Sic), la trata de personas, y la extorsión (Sic), y que la solución es un Código Penal Único. Estrategia en la que no coincidimos, ya que se le amarran las manos a la política criminal.

El Bronco con relación a la pregunta realizada por Yuriria Sierra, acerca de lo que llamó “Triple T”, es decir, “Tráfico, Trata y Transnacional”, y que refirió la periodista, que el Estado de Nuevo León se encuentra en segundo lugar en las estadísticas delictivas de Trata de Personas, el candidato Rodríguez Calderón “El Bronco” sólo se concreto a contestar que su Estado ha sido el único que ha combatido de manera frontal este fenómeno criminal realizando operativos de persecución del delito de trata de personas, y que incluso se terminó con los antros que se dedican a la trata en Nuevo León. El Bronco prometió un Fiscal Autónomo para combatir este delito y otros, y señalo que los partidos de los otros candidatos no han podido resolver.

El candidato de MORENA, Andrés Manuel López Obrador dijo que para acabar con el crimen transnacional que genera una grave adicción a los opioides en Estados Unidos de América, generará una política para la producción de alimentos en el país, que se generen empleos, y que se termine la corrupción, que es lo que mas daña al país, brindándole una verdadera atención a los jóvenes. Además se refirió a los cultivos en el Estado de Guerrero a pregunta expresa de León Krauze, y prometió cambiar el cultivo, que puedan sembrar maíz en lugar de amapola, y que sea bien remunerado, así como apoyar a los campesinos, ya que afirma, se ha abandonado el campo, y que además se debe combatir la pobreza. Agrego el periodista León Krauze que esta estrategia no ha funcionado ni en Colombia.

José Antonio Meade (PRI-PVEM), reviró, diciendo que AMLO criminalizaba la pobreza, y que además sus planteamientos son inadecuados al querer regresar a los delincuentes a las calles; El Bronco apoyo a su ex compañero de partido político, agregando que en la sierra de Guerrero no se siembra maíz, que el principal problema es la impunidad. Planteamiento ya hecho por AMLO en su participación, por cierto.

El candidato Ricardo Anaya Cortés (PAN-PRD), se negaba a contestar al planteamiento hecho acerca de la legalización de la mariguana, bajo el contexto de la legalización de la misma en 09 Estados en Estados Unidos de América para uso recreativo y en 29 para uso médico; concretándose a señalar que se debe discutir la legalización de la mariguana, que se debe abrir un debate en el país, y que no cree que el legalizar una droga vaya a acabar con la violencia en el país; que por la falta de los padres en el hogar quien realmente educa es la calle, por lo que se debe acentuar la prevención a través de las Escuelas de tiempo completo. Y que NO cree que legalizar las drogas sea la solución a la violencia del crimen.

Después de analizar las estrategias planteadas para luchar contra el crimen transnacional y generar una verdadera estrategia de seguridad transfronteriza, sólo nos queda señalar que el debate fue estéril, ya que los planteamientos estratégicos fueron débiles y hubo una ausencia de debate, hubo acusaciones serias, como Meade contra la activista social Nestora Salgado, tildándola de delincuente; en este debate Andrés Manuel López Obrador se subió al ring, y dejo a un lado la posición pasiva que venia manejando, soltando un verdadero Knock-out, a pesar de que Ricardo Anaya estuvo entrenando en la pera fija, al parecer ni esto genero una mejor focalización de su ataque, hubiera entrenado mejor la “Defensa”, ya que AMLO acuso a Anaya y a Meade de apoyar con millones a la fundación de Josefina Vázquez Mota, la cual se encarga de apoyar a migrantes y a la que se le destinaron $100, 000 000 millones de pesos; acusación a la cual, los candidatos mencionados no pudieron ni meter las manos. El portal de investigación periodística Animal Político señala que fueron $900, 000 000 millones de pesos.

Debate estéril, solo ataques sin razón, donde no se presentaron estrategias novedosas para atender el fenómeno transnacional del crimen y la importancia de la coordinación con Estados Unidos de América para lograr una verdadera seguridad transfronteriza y atención del fenómeno migratorio; migrantes, quienes en muchas ocasiones caen en manos del crimen organizado y son obligados a hacerla de burreros, enviándolos cargados de droga para pagar su cruce a los “polleros” en la frontera quienes dependen de los cárteles del crimen organizado.

Los planteamientos no fueron claros ni contundentes, convirtieron la palestra en una jaula de pelea, el nivel de política que se tiene en México es eso, una pelea de vale todo, sin reglas, en donde no existen las mínimas normas éticas para enfrentar al contrincante; lo que ni la MAFIA SICILIANA, ellos respetaban a la familia, con ella no se metían; ahora, a la MAFIA DEL PODER no le importa pasar por encima de una familia para denostar a un candidato, Andrés López Obrador, y justificar el robo de otra elección presidencial. Así pues, debemos de recordar a Platón cuando afirmaba “El Precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres”.    

@AbduBetancourt

*Doctorando en Ciencias Penales y Maestro en Criminología por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales (CESCIPE); Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC); y Licenciado en Seguridad Pública con opción terminal en Investigación Policial por la Academia de Seguridad Pública del Estado de Baja California (ASPE); Obtuvo el Segundo Lugar de la categoría profesional en el Primer Concurso Nacional de Investigaciones Criminológicas 2010-2011 de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal; Servidor Público en el ámbito de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia; Profesor Universitario de Ciencias Penales y Política Criminal, y además ha sido Secretario General de la Comisión de Justicia Penal y Prevención del Delito, A.C. en Baja California.

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Por Abdú Betancourt Cabrera*

El tema en boga en la palestra política, es el debate que se ha suscitado con relación a la propuesta de “Amnistía” hecha por el candidato del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador, situación que ha servido también para levantar ámpula y atacar frontalmente al mencionado candidato a través de spots de radio y televisión, y que se ha vuelto la médula de la estrategia de “marketing” de los distintos candidatos a la Presidencia de la República.

Por ende, es importante analizar ¿Qué es la Amnistía?, ¿Cuáles son los antecedentes jurídico-políticos de esta figura?, ¿Quiénes la han puesto en práctica?, ¿Cómo se llega a una Amnistía?, y ¿Qué delitos son susceptibles de alcanzar esta gracia? Así como contestar una pregunta esencial ¿Qué no es la Amnistía?, puesto que existe un nivel de desinformación preocupante generado por las campañas negras en contra del candidato de MORENA, situación que desde nuestro punto de vista, desvirtúa el fin y legitimidad de esta figura jurídica.

Pues bien, para entrar en el tema debemos establecer que el significado de “Amnistía” es el olvido del delito (a-sin, mnemeo-olvido), es decir, es la amnesia, el olvido de un hecho criminal, decretado en una ley, y que es facultad del Poder legislativo. El concepto es muy claro de entender, sin embargo, el significado de una ley de amnistía es mas compleja de lo que se piensa, ya que influye en ella el contexto jurídico, criminológico, social y político que se vive en el momento de vigenciar una ley de esta naturaleza.

En este entendido, el Dr. Luis Rodríguez Manzanera nos dice que la Amnistía:

“Fue conocida por griegos y romanos, aplicada durante la Edad Media y usada en todos los países, en algunos como “perdón” y en otros como “gracia”, siendo por lo general un medio de conciliación política”.[1]

Pero veamos, cual ha sido la utilización de este medio de extinción de la acción penal y de las sanciones penales en la historia de nuestro país. Primeramente pondremos en contexto nuestro análisis; ya que es necesario entender que nuestro país ha sufrido cúmulos de turbulencias políticas a lo largo de su existencia, y ha pasado por diversos momentos en los cuales ha habido luchas encarnizadas por el poder, en las cuales han muerto miles y miles de mexicanos por el ascenso al poder político.

Por lo que diversos gobiernos en la historia de México han tomado decisiones que han causado opiniones álgidas al respecto, decisiones que han tratado de amainar las aguas de la violencia política en diversos momentos históricos. Veamos.

Con relación a la “Amnistía” el Dr. Sergio García Ramírez nos da luz con lo siguiente: “Al quedar abolido el Tribunal de la Inquisición, se mando por circular del Ministerio de Gracia y Justicia, de 9 de marzo de 1820, que fuesen puestos en libertad todos los presos que estaban en las cárceles de aquel por opiniones políticas o religiosas”.[2] Este pudiera ser considerado el primer antecedente histórico de una “Amnistía” u olvido de los delitos en las postrimetrías del inicio de la Independencia de México.

En el mismo contexto histórico Don Miguel S. Macedo nos relata que a partir del 23 de Octubre de 1821, se inicio mediante dos decretos una serie de “amnistías” e “indultos”, los cuales eran consecuencia de los frecuentes cambios políticos, y que además estos decretos fueron para celebrar la declaración de independencia de nuestro país.[3]

[…] concedieron tanto a los reos civiles como a los militares “un indulto extraordinario y sin ejemplar, con cuanta amplitud puede ser compatible con los deberes de la justicia”; siendo general para toda clase de delitos exceptuados los de lesa majestad divina o humana y el de homicidio alevoso o proditorio, comprendiendo tanto a los acusados a quienes se estaba juzgando, como a los ya condenados; por los delitos exceptuados no se podría imponer la pena capital, sino alguna extraordinaria […]

En 15 de marzo de 1822 el primer congreso constituyente, para celebrar su instalación concedió un nuevo indulto, mando poner en libertad y restituir al goce de sus derechos a todos los “presos, procesados o perseguidos por opiniones políticas manifestadas de palabra, obra o escrito”, e indultando a los contrabandistas y a los reos de delitos comunes, con excepción de los reincidentes y de los responsables de “lesa majestad divina, hurto, alevosía, sodomía, bestialidad, homicidio alevoso o proditorio, falsificación de moneda e instrumentos públicos, malaversación en los intereses del estado”.     

A la caída de Iturbide, el congreso ordeno al ejecutivo que hiciera poner inmediatamente en libertad a los detenidos en prisión por solo opiniones políticas (abril 3 de 1823).

Don Sergio García Ramírez, nos aclara que en el contexto señalado, se dio otro decreto de “Amnistía”, el cual versaba sobre lo siguiente:

[…] De modo semejante actuó, para procesados y sentenciados, el propio Congreso por resolución de 9 de marzo de 1824. El 24 de diciembre del mismo año se expidió nuevo decreto de amnistía, exceptuando de sus beneficios, sin embargo a quienes hubiesen conspirado contra la independencia y a quienes hubiesen delinquido (por las mismas razones políticas después de publicada la Constitución).[4]

Así pues, Don Miguel S. Macedo relata que con posterioridad a lo señalado con anterioridad se continuaron con otros decretos de amnistía:

El decreto que ordeno la primera expulsión de los españoles concedió amnistía a los que tomaron parte en los movimientos para obtener esa medida (diciembre 20 de 1827, art. 20) y hubo además otras amnistías (marzo 12 de 1829).[5]

En este sentido, hubo otros decretos de amnistía e indultos para amainar los vaivenes políticos de la época, entre los que destacan los siguientes:

[…] la de 1831 (marzo 11) a los responsables de delitos políticos que se presentaran a las autoridades, aunque en realidad esta no fue una verdadera amnistía, como se le llamo, sino una conmutación de las penas comunes en la de destierro, con facultad al ejecutivo para dispensar total o parcialmente la pena en razón de servicios prestados al restablecimiento de la paz (abril 30 de 1831) […]    

[…]la de 1835 (mayo 2), general para todos los delitos políticos cometidos desde 27 de septiembre de 1821 hasta 4 de enero de 1835 con excepción de los individuos que no hubieren nacido en la República y que se hubieran pronunciado desde mayo de 1834 e indulto a los individuos de la milicia cívica que se sublevaron en Zacatecas contra el gobierno general […][6]

Con relación al contexto histórico en el uso político de esta figura jurídica, el Dr. García Ramírez, da continuidad a lo esbozado por Don Miguel S. Macedo, y nos señala que:[7]

Con fecha 26 de febrero de 1842, el gobierno de Santa Anna indulto a 102 reos de la cárcel de La Acordada que participaron, en el mismo lugar, en una lucha favorable al gobierno santanista.

El 21 de abril de 1847 se concedió “un olvido absoluto y general, por todo delito político, desde el año de 1821 hasta la fecha”.

Bajo el gobierno de Comonfort, el 3 de abril de 1856, se indulto a los reos a quienes faltaban 3 meses para cumplir sus condenas, considerando que “el restablecimiento de la paz obtenido por el esfuerzo del ejercito leal y de la guardia nacional, es un acontecimiento que debe celebrarse por todas las clases de la sociedad y que en medio del gozo público puede esta mostrarse generosa con los desgraciados que se hayan en las prisiones, en todo lo que la justicia pueda permitir”. Semejante indulto volvió a conceder el régimen de Comonfort el 16 de septiembre de 1857. En cambio, el 1º de noviembre de 1866 advirtió el Gobierno Supremo que, con base en la ley del 25 de enero de 1862, no es admisible conceder indulto en el caso de delitos contra la independencia y las instituciones de la República. El 14 de julio de 1867 el Ejecutivo Federal conmuto penas a militares que habían servido en la etapa del imperio, responsables, pues, del delito de traición a la patria.

El 10 de octubre de 1870, bajo la presidencia de Benito Juárez, el Congreso otorgo amnistía con ciertas reservas marcadas en la propia ley “a todos los individuos que hasta el 19 del mes de septiembre pasado, hayan sido culpables de infidencia a la patria, de sedición, conspiración y demás delitos del orden político; así como a los militares que hasta la misma fecha hayan cometido el de deserción”. El 27 de julio de 1872 bajo la presidencia de Lerdo de Tejada se otorgo “amnistía para los delitos políticos cometidos hasta hoy, sin excepción de persona alguna”. El 25 de noviembre siguiente el Congreso hizo extensiva la amnistía a los aprehendidos en el Venado, que militaban a las órdenes de Trinidad García de la Cadena.

El 4 de diciembre de 1880 se expidió nueva amnistía por delitos cometidos con motivo de una sublevación ocurrida en la ciudad de Chiapa el 29 de junio 1878, en el desarrollo de actividades electorales. Otra amnistía para ciertos grupos de infractores fue otorgada el 30 de mayo de 1887, tomando en cuenta delitos políticos cometidos en el Estado de Zacatecas entre septiembre y noviembre del año anterior. Razones bien distintas de las hasta ahora recordadas, condujeron al decreto del Congreso de la Unión de 6 de diciembre de 1895, concediendo amnistía por los delitos de duelo cometidos hasta el momento en el Distrito y Territorios Federales, con algunas salvedades. El 27 de mayo de 1911 se amnistió sin excepciones a los responsables de sedición, rebelión y actos conexos con ellos, cometidos hasta la fecha de promulgación de la ley respectiva, así por civiles como por militares. También se dispuso que la Secretaría de Gobernación proporcionarse “pasajes gratis a los comprendidos en la presente ley, y que carezcan de recursos para regresar a sus hogares”. Un Decreto del Congreso, promulgado el 30 de noviembre de 1917, confirió al Ejecutivo potestad para conceder indulto, conmutación y reducción de penas en diversas hipótesis vinculadas con movimientos políticos.

El 30 de diciembre de 1922 se expidió bajo la presidencia de Obregón, a favor de “todos los individuos que en la fecha de hoy se encuentran procesados o sufriendo condena como responsables del delito de rebelión en cualquiera de sus grados; debiendo ser puestos unos y otros en libertad el día 1º de enero del año de 1923, dándose por concluidos y archivándose los expedientes que estén en tramitación”. El 8 de octubre de 1924 se promulgo otros decreto del Congreso facultando al Ejecutivo para otorgar indulto y conmutación en distintos supuestos no necesariamente vinculados a causas políticas. El 11 de diciembre de 1925 se hicieron extensivas las gracias dispuestas por el decreto antes citado a quienes para el 20 de noviembre de 1924 se encontrasen en los casos especificados por el.

También con alcance general desvinculado de propósito estrictamente político, se faculto al Ejecutivo para indultar a reos federales, militares y del orden común del Distrito y Territorios Federales. El 5 de febrero de 1937, en uso de facultades extraordinarias para legislar, el Presidente Lázaro Cárdenas otorgo amnistía a militares responsable de rebelión y a civiles culpables del mismo delito, así como sedición, asonada o motín. Bajo la presidencia de Ávila Camacho hubo nueva ley de amnistía en beneficio de responsables de rebelión, sedición, asonada o motín, norma que también amnistió a militares que habían incurrido en los delitos de rebelión o sedición; y el 15 de octubre de 1946 se promulgo una ley de indulto para reos de los fueros militar, federal y del orden común, como medida de carácter general no política. En 1976, en el régimen presidencial de Luis Echeverría, fue promulgada otra ley de amnistía a favor de las personas “contra las que se ejercito acción penal por los delitos de sedición e invitación a la rebelión en el fuero federal y por resistencia de particulares en el fuero común del Distrito Federal, así como por delitos conexos con los anteriores, cometidos durante el conflicto estudiantil de 1968”.

Durante la gestión del Presidente José López Portillo, también tuvo verificativo la vigenciación de una ley de amnistía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 1978, y la cual decretaba la amnistía según el artículo 1º de la ley “…en favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, ante los Tribunales de la Federación o ante los Tribunales del Distrito Federal en materia de fuero común, hasta la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, por los delitos de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la rebelión, o por conspiración u otros delitos cometidos formando parte de grupos e impulsados por móviles políticos con el propósito de alterar la vida institucional del país, que no sean contra la vida, la integridad corporal, terrorismo o secuestro”.[8]                

En este sentido agregaba la ley en comento de 1978 en su numeral tercero, que: “En los casos de los delitos contra la vida, la integridad corporal, terrorismo y secuestro podrán extenderse los beneficios de la amnistía a las personas que, conforme a la valoración que formulen los Procuradores de la República y General de Justicia del Distrito Federal, de acuerdo con los informes que proporcione la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, hubieran intervenido en su comisión pero no revelen alta peligrosidad”[9]

Esta ley de amnistía fue concebida para la pacificación del país, posterior a las revueltas estudiantiles y de grupos subversivos, como la liga comunista 23 de septiembre, así como las guerrillas de la sierra de Guerrero y todo aquel que haya participado en las movilizaciones sociales del momento durante el periodo denominado la “guerra sucia”.

De igual forma, años después, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari se decreto una amnistía a favor de quienes hayan participado en las acciones de rebelión contra el Gobierno en el Estado de Chiapas, en fecha 22 de enero de 1994; la cual se dirigió a favor de quienes integran el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

La Ley de Amnistía en comento, señala en su Artículo 1º que:

“Se decreta amnistía en favor de todas las personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales del orden federal, por los delitos cometidos con motivo de los hechos de violencia, o que tengan relación con ellos, suscitados en varios municipios del Estado de Chiapas el día primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro al día veinte del mismo mes y año, a las quince horas”[10]

Siendo esta la ultima ley de amnistía de la que se tiene cuenta en el contexto contemporáneo, ya que durante las gestiones de los Presidentes Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, no se tiene conocimiento de creación y puesta en vigencia de normas que sirvan para el olvido o el perdón del delito, por el contrario han sido gestiones en la cuales ha predominado una política criminal de corte represivo o populista-punitivo; razón por la que esta medida de extinción penal ha sido impensable.

Esta figura es conocida en el Derecho Penal mexicano como una de las formas de “Extinción Penal”, entre las cuales existen diversos medios extintivos, entre ellos la “Amnistía”,[11] misma que se encuentra amparada en el Artículo 92 del Código Penal Federal, el cual señala lo siguiente:

“La amnistía extingue la acción penal y las sanciones impuestas, excepto la reparación del daño, en los términos de la ley que se dictare concediéndola, y si no se expresaren, se entenderá que la acción penal y las sanciones impuestas se extinguen con todos sus efectos, con relación a todos los responsables del delito”.

En este numeral del código punitivo mexicano, encontramos el fundamento de la “Amnistía”, y se observa claro, en el sentido de que este medio extintivo, valga la redundancia, extingue la acción penal y las sanciones impuestas, es decir, el actuar de la fiscalía y/o ministerio público en cuanto a la imputación de un delito y ejercicio de la acción penal queda sin efectos, así como la pena pronunciada por el Juez y la ejecución de la misma, exceptuando la reparación del daño.

En Artículo 92 en comento, refiere que esta forma de extinción de la pena se dará en términos de “…la ley que se dictare concediéndola”, es decir, coloca a este medio extintivo dentro de la cancha de juego del Poder Legislativo, ya que es este el que tiene la facultad de dictaminar y declarar la vigencia de leyes y ordenamientos en nuestro país, esto de conformidad con el Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual señala en su Fracción XXII la facultad del Congreso: “Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación”.

Pero el numeral analizado de nuestro Código Penal Federal, agrega además, que si en la ley de amnistía, no se expresare la extinción penal, esta se entenderá de forma tácita, es decir, se sobreentiende que la finalidad de esta norma es el olvido del delito y su punición. Por lo que no se debe de confundir esta figura jurídica, enraizada en las más racional “política criminal”, con otra figura denominada “Indulto”, esta última, de facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo.

En este entendido, el Indulto puede definirse como:

[…] el acto por el cual el Poder Ejecutivo, por libre decisión, perdona en todo o en parte la pena impuesta a un delincuente determinado, después de haberse informado de las causas por intermedio del Tribunal respectivo, y encontrar que dicha pena es injusta e inconveniente.[12]

Existen dos formas de “Indulto”, el general y el particular, el primero se otorga a la población penitenciaria en general o parte de ella, quienes han cometido algún delito y han sido sentenciados injustamente; mientras que la segunda forma del Indulto aplica a casos en particular, es decir a un sentenciado determinado por algún delito, sujetos que también han sido sentenciados de forma injusta, situación que ha sido demostrada a través de la revisión del expediente o caso en concreto.

El Indulto General, nos dice el Dr. Luis Rodríguez Manzanera en su texto “La Crisis Penitenciaria y los Sustitutivos Penales”: “Persigue fines de política general o de política criminológica, en el primer caso por circunstancias políticas, económicas o sociales, buscando la tranquilidad pública”.

Es decir, si buscamos que figura puede aplicar el titular del Ejecutivo Federal, no es la “Amnistía”, tan discutida en los ámbitos críticos y pensantes de nuestro país, como lo han hecho parecer los enemigos políticos del candidato morenista; debate infructuoso, ya que es un “Indulto general” el que se debe buscar para esos jóvenes que engrosan el tumulto de personas privadas de la libertad en los penales del país, considerando que este puede ser aplicado a delitos en concreto, estipulados en nuestro ordenamiento penal federal.

En este sentido, el Artículo 97 del Código Penal Federal establece que:

“Cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de reinserción social y su liberación no represente un riesgo para la tranquilidad y seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción y no se trate de sentenciado por traición a la Patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, desaparición forzada, tortura y trata de personas, ni de reincidente por delito intencional, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos […]”

Como se observa, el Indulto, no aplica en casos de “delitos contra la salud” que son los que se dice que Andrés Manuel Lopez Obrador va a perdonar, este señalamiento que hace nuestro ordenamiento penal, saca de contexto lo que afirman los candidatos y sus partidos políticos en su marketing respecto de la supuesta propuesta de perdón a los delincuentes, la cual en caso de ser cierta, se observa complicada de llevar a cabo, ya que ni “Amnistía”, ni “Indulto” son susceptibles de aplicar a quienes participan en actividades de la delincuencia organizada, como lo son los “delitos contra la salud”, en los cuales la modalidad de siembra y cosecha, son conductas con una punibilidad muy baja, esto por razones de política criminal, ya que generalmente son los campesinos los más afectados, ya que son fácilmente alcanzados por las garras del crimen organizado por la situación de miseria y exclusión social en que viven.

Los casos en los que aplica el “Indulto” de conformidad con nuestro ordenamiento penal, es por delitos de carácter político señalados en el numeral 144, así como por otros delitos cuando la conducta de los responsables haya sido determinada por motivaciones de carácter político o social, ademas por delitos de orden federal o común en el Distrito Federal, cuando el sentenciado haya prestado importantes servicios a la Nación, y previa solicitud.

En este sentido, se observa que tanto la “Amnistía” como el “Indulto”, son de aplicación restrictiva y no opera en los casos de delitos de alto impacto, como lo hacen pensar los candidatos de los “partidos políticos tradicionales”; evidentemente existen criterios para decretar estas figuras de extinción de la pretensión punitiva, entre los cuales no destacan los delitos tan mencionados por los distintos candidatos a la Presidencia de la República, quienes intentan “asustarnos con el petate del muerto”, y que se fían de la influencia que generan los medios masivos de comunicación para hacer llegar una idea al público acechado por la televisión, y fijar en ellos esa idea de manera permanente para crear una realidad a modo.

Como se ha visto en los antecedentes históricos de este figura jurídico-política, los delitos que son susceptibles de “Amnistía” son aquellos de los denominados “delincuencia política”, bien distinta a la “delincuencia del poder”, siendo esta ultima la que cometen funcionarios públicos, quienes investidos en las canonjías que les otorga su cargo delinquen para generar riqueza indebida y/o violar derechos humanos. Pues bien, las conductas susceptibles de extinción penal son los delitos de sedición, motín, rebelión, y conspiración para cometerlos, entre otros delitos conexos y que sean considerados en las leyes de amnistía.

Después de reflexionar sobre esta figura de extinción penal, nos queda claro que se necesita una medida de política criminal extraordinaria por parte del Estado, pero, ¿Es la amnistía esa medida necesaria para disminuir la violencia en el país?, La verdad, no lo sabemos, lo que creemos es que se deben explorar nuevas estrategias de política criminal, que traten de manera distinta el fenómeno criminal contemporáneo, ya que las medidas tradicionales, han sido superadas en mucho por la delincuencia común y por la delincuencia organizada. La realidad es que los “candidatos pandilleros” ¡mienten!, la “Amnistía” no es un perdón de los delincuentes, es una facultad que tiene el Estado a través del Poder Legislativo para olvidar el delito, pero que tiene verificativo bajo ciertas condiciones señaladas en el Decreto que se expida para tal efecto. En este sentido, cabe recordar a Mahatma Gandhi quien decía: “Más vale ser vencido diciendo la verdad, que triunfar por la mentira”.          

@AbduBetancourt

*Doctorando en Ciencias Penales y Maestro en Criminología por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales (CESCIPE); Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC); y Licenciado en Seguridad Pública con opción terminal en Investigación Policial por la Academia de Seguridad Pública del Estado de Baja California (ASPE); Obtuvo el Segundo Lugar de la categoría profesional en el Primer Concurso Nacional de Investigaciones Criminológicas 2010-2011 de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal; Servidor Público en el ámbito de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia; Profesor Universitario de Ciencias Penales y Política Criminal, y además ha sido Secretario General de la Comisión de Justicia Penal y Prevención del Delito, A.C. en Baja California.

[1] Rodríguez Manzanera, Luis, La Crisis Penitenciaria y los Sustitutivos de la Prisión, Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de la República, México, 1993, pág. 191.
[2] García Ramírez, Sergio, Manual de Prisiones (La Pena y la Prisión), Editorial Porrúa, México 2005, pág. 38.
[3] Macedo, Miguel S., Apuntes para la historia del Derecho Penal mexicano, Instituto Nacional de Ciencias Penales – Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México 2010, pág. 214 y sigs.
[4] Op Cit, pág. 38.
[5] Op Cit, pág. 215.
[6] Ibidem
[7] Ibidem
[8] Ley de Amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Septiembre de 1978.
[9] Idem
[10] Ley de Amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 1994.
[11] Castellanos Tena, Fernando, Lineamientos Elementales de Derecho Penal, Editorial Porrúa, México, 1976, p. 321.322.
[12] Op Cit, pág. 191.

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Por Abdú Betancourt Cabrera*

Uno de los temas más difíciles dentro del campo de las ciencias criminológicas, así como de las políticas públicas, es lo referente a la denominada “Delincuencia Juvenil”, esto, por la suma de múltiples causas y factores que la originan, razón por la cual, las estrategias y programas para tratar y prevenir este fenómeno antisocial se vuelven más complejos de implementar y ejecutar, ya sean estos desde el campo jurídico, criminológico o desde lo social.

Pero debemos establecer en un primer momento las diferencias conceptuales y sustanciales entre lo que significa ser joven y ser adolescente; ya que en México tenemos una política criminal que establece la creación de un Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el cual tiene sustento en la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año de 1989.

En este sentido debemos señalar que son “Adolescentes” los que se encuentran en un rango de los 12 hasta antes de cumplir los 18 años de edad, por otra parte se dice que una persona es “joven” cuando tiene entre los 12 y 29 años de edad, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), motivo por el cual, el estudio de la “Delincuencia Juvenil” se debe ampliar en cuanto a su objeto de estudio y enfoque, ya que no sólo son los “Adolescentes” quienes deben estar dentro de este enfoque, sino también quienes considera la política pública de juventudes.

En cuanto a lo señalado con anterioridad, se debe establecer una política criminológica integral para la prevención y en su caso sanción del fenómeno de la “Delincuencia Juvenil”, pero además, debe tener un contenido victimológico, ya que no sólo son jóvenes los victimarios, sino también las víctimas; tal es el caso recientemente conocido en el cual murieron tres jóvenes estudiantes de cine en el Estado de Jalisco a manos de integrantes del crimen organizado, situación que ha sido muy sentida por la sociedad, quienes se manifestaron en público y en redes sociales con el hashtag #NoSonTresSomosTxdos.

En este orden de ideas, de acuerdo a la politóloga Jessica Zarkin, cerca del 22% de las personas asesinadas en México son jóvenes entre 18 y 25 años de edad, de los cuales el 12% no tenían primaria, 32 % no llego a la secundaria, pero lo interesante es que los jóvenes asesinados con estudios universitarios no represento ni el 4% de los homicidios, y es aquí en donde una vez más se comprueba la aseveración empírica que se hace en la academia, “Entre más educación, menos delito”, y esto no sólo en victimarios, sino también en víctimas de los delitos.

Uno de los aspectos más relevantes de la génesis de la “Delincuencia Juvenil”, esta referida a un cúmulo de causas criminógenas de origen político y social, entre las que destacan, la pobreza, la exclusión social, la falta de oportunidades, la subcultura criminal, la falta de valores familiares, y en general el medio ambiente social en el que se desarrollan y que tiene un común denominador: “Las violencias”. Esto aunado a políticas públicas y políticas criminológicas mal diseñadas, que no han cumplido con su fin último, lograr la seguridad humana y ciudadana.

Así pues, muchos de los jóvenes se desarrollan en un medio ambiente altamente criminógeno, en el cual en muchas ocasiones, la pobreza es el factor común, lo que trae consigo la falta de satisfactores necesarios para el desarrollo, como la salud o la alimentación adecuada, así como la educación, factor esencial que se encuentra relacionado con los procesos de victimización a partir del perfil víctima-victimario, quienes generalmente son jóvenes. La pobreza, en definitiva, se interrelaciona con otras causas o “concausas” como la falta de oportunidades laborales y educativas, en este entendido de acuerdo con la Encuesta de Cohesión Social para Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) del INEGI y la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de SEGOB, dentro de las razones que tuvieron los jóvenes para no continuar con sus estudios, un 41% de ellos refirió que fue “por cuestiones económicas”, razón por la cual, estimamos que estos elementos adversos deben estar considerados como causas esenciales a tratar en una política de juventudes que sirva a su vez como una política criminológica preventiva.

Lo anteriormente señalado, se suma a otra “causa o concausa”; la falta de valores en la familia, los cuales han cambiado a partir de un proceso de transformación político económico (el neoliberalismo), el cual ha provocado que para la sobrevivencia humana todos los integrantes de la familia tengan que trabajar todo el día para llevar lo mínimo para el sustento de los integrantes de la misma; esto ha alejado a los padres de los hijos, ya que estos últimos pasan mucho tiempo solos y con poca o sin supervisión de alguno de los padres.

En este sentido, de acuerdo a los datos que arroja la Encuesta de Cohesión Social para Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) del INEGI y la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de SEGOB, el tiempo promedio que pasan los jóvenes con sus padres de lunes a viernes en hogares biparentales es de 6:26 horas con mamá y 4:34 horas con papá, mientras que en hogares monoparentales es de 5:52 horas con mamá y 5:12 horas con papá, parte de esto, es lo que provoca en muchas ocasiones no se norme la conducta en el hogar, por lo que no respetan las figuras de autoridad en el contexto social, ya que carecen de uno de los valores esenciales para el ser humano, el respeto a las personas y la dignidad humana.

Otra de las causas que necesitan ser atendidas de manera inmediata, es lo relacionado con las subculturas criminales, ya que el fácil acceso a los medios de información, redes sociales, cine, y música, acerca infinidad de gustos musicales a los jóvenes, y no sólo música, sino también “modas”, y muchas de ellas esta interrelacionadas con el mundo del “narco”, con la delincuencia organizada y sus acciones violentas, lo que provoca que se normalice la violencia criminal.

Vivimos en la cultura de la violencia, en la cual muchos jóvenes se adhieren con facilidad a las pandillas y al crimen organizado, ya que muchos buscan obtener riqueza y lujos de una forma relativamente “fácil”, se dejan seducir por la vida de narcotraficante, quien posee vehículos lujosos, casas, dinero y mujeres, las que se convierten en trofeos o meros “objetos” de estos sujetos, dejan de ser personas para ser “cosas”, la subcultura criminal “cosifica” a la mujer.

Muchos de los jóvenes que se integran a estas verdaderas bandas criminales, desean poseer cosas y acumular riquezas, tal como lo marca el sistema político económico que impera (sistema capitalista), bajo esta premisa, el exitoso no es quien se encuentra mejor preparado para enfrentar la vida desde los diversos campos del desarrollo integral, sino quien tiene mayor riqueza y lujos, aunque estos sean pasajeros y obtenidos ilícitamente. En definitiva, vivimos en la cultura del menor esfuerzo, los jóvenes cada vez quieren “tener más” sin “trabajar más”.

En cuanto a los factores de riesgo que arroja la ECOPRED, tenemos que en el caso de Mexicali, el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que experimento al menos un factor de riesgo individual fue de 32.1% de los encuestados; se destaca que de los jóvenes encuestados el 31.5 refiere que han consumido alcohol o tabaco; en cuanto a los jóvenes de 15 a 29 años que refieren haber tenido experiencias en un entorno delictivo, tales como portar una arma, estar en una pandilla violenta, haber cometido actos de vandalismo o haber tenido problemas con la policía, fue de un 12.7%. También refiere un 9.3% de los jóvenes de 15 a 29 años de edad haber consumido drogas ilegales.

Ante lo analizado con anterioridad, sólo nos queda señalar a manera de conclusión sintética, que el fenómeno de la “Delincuencia Juvenil” debe ser atendido de manera integral, con una verdadera política criminológica de prevención social de las violencias y la delincuencia, la cual debe ser transversal y estar focalizada en grupos en particular, es decir, debe ser dirigida a quienes realmente se encuentran en condición de riesgo criminógeno, jóvenes que pueden convertirse en delincuentes potenciales, y en quienes confluyen un “caldo de cultivo multicausal” que los hace proclives a cometer conductas delictivas y violentas; y como bien lo escribió la flamante pluma del Doctor Alfonso Quiroz Cuarón: “La acción antisocial de la banda criminal es el signo revelador de la criminalidad grave de una colectividad, en cuyo seno se ocultan otros hechos de índole social, política y económica más graves, que sirven de sostén a la criminalidad agresiva de los jóvenes”.

@AbduBetancourt

*Doctorando en Ciencias Penales y Maestro en Criminología por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales (CESCIPE); Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC); y Licenciado en Seguridad Pública con opción terminal en Investigación Policial por la Academia de Seguridad Pública del Estado de Baja California (ASPE); Obtuvo el Segundo Lugar de la categoría profesional en el Primer Concurso Nacional de Investigaciones Criminológicas 2010-2011 de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal; Servidor Público en el ámbito de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia; Profesor Universitario de Ciencias Penales y Política Criminal, y además ha sido Secretario General de la Comisión de Justicia Penal y Prevención del Delito, A.C. en Baja California.

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Por Abdú Betancourt Cabrera*

El día de ayer fuimos testigos del primer debate (emboscada electorera) que se dio entre los candidatos que aspiran a suceder en el cargo al Presidente Enrique Peña Nieto, evento sin lucimiento, en el que desde nuestro particular punto de vista nadie gano; ya que los debates se ganan con argumentos, y argumentos son los que estuvieron ausentes en dicho evento, sólo los ataques, descalificaciones, y ocurrencias punitivo-populistas.

Los candidatos estuvieron fuera de contexto, nadie abordó realmente la temática del “supuesto” debate, la seguridad pública y la violencia. No vimos propuestas para generar una política criminológica integral; nadie hablo de la atención a las causas que generan la delincuencia, sólo el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador, quien parecía ser el “candidato oficial”, ya que todos se unieron en un frente de ataque a este, fue quien abordó la temática muy superficialmente, sin explicar a profundidad la estrategia o acciones a emprender para atender el fenómeno criminal e incidir en su disminución.

Vimos como todos atacaron al candidato en mención, sobre una de las ocurrencias que tuvo como propuesta para la disminución de la violencia criminal, la cual realizó en una visita a Guerrero hace meses, y que desde ese momento ha sido una constante en los ataques contra López Obrador, es decir, la mentada “Amnistía”; situación que todos esperábamos y que seguramente los asesores del candidato le advirtieron, por lo que recomendaron que no arriesgara, y de esta manera cuidara la ventaja que hasta el momento mantiene sobre los otros candidatos.

Nosotros creemos que a la “Amnistía” se le pudo haber sacado mucha ventaja electoral por parte del candidato de las izquierdas en el debate, un tema controversial, un tema para el debate, el cual fue desaprovechado por Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, le hacen falta asesores que conozcan de temas relacionados con la Política Criminal, Derecho Penal, la Criminología, y las Ciencias Penales en general, quienes entiendan esta figura jurídica y puedan explicarle al candidato los pros y contras de la misma.

El candidato debió haber explicado que es lo que busca con ello y cual será el resultado, y a quienes se puede dirigir una “Amnistía”, y hacer énfasis en que no es facultad del ejecutivo federal expedir una ley de amnistía, que entres sus competencias y facultades esta el “Indulto”; estrategia utilizada por cierto, en el sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari (Capo Di Tutti Capi de la Mafia del Poder), quien buscaba la reconciliación nacional con diversos sectores del país por lo que indulto a más de cuatrocientos presos, por cierto, con resultados catastróficos; queda claro que la “Amnistía” no es competencia del Poder Ejecutivo sino del Poder Legislativo.

Por otro lado, el candidato oficial José Antonio Meade, no despuntó, las propuestas pasaron a último término, se enfocó en atacar a AMLO con el tema de la “Amnistía”, a Ricardo Anaya Cortés con el supuesto caso de “Lavado de Dinero” que se le imputa, y el cual hábilmente evadió con una resolución de amparo con la que venía armado; faltándole oficio a Meade, ya que habiendo sido Secretario de Hacienda y Crédito Público en dos ocasiones, institución que tiene a su cargo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, organismos que investigan el lavado de dinero uno, y se encargan de la prevención y detección de operaciones sospechosas el otro, no fue capaz de contraatacar, ya que el amparo presentado por Anaya no resolvió verdaderamente el fondo del asunto, por lo que debió ser más enfático y poner sobre la mesa la calidad moral y ética del candidato de la coalición; pero lo importante nunca sucedió, las propuestas estuvieron ausentes, sólo se asomó las pseudo-propuestas de meter a la cárcel a los criminales (no como AMLO, decía), de quitarles las armas a los criminales, nada nuevo en la política criminal. Así también, propuso quitarle el dinero a los delincuentes, pero, ¿Por qué no lo hizo cuando fue Secretario de Hacienda y Crédito Público?, que es en donde esta radicada la parte de la política criminal contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

El candidato de la coalición Ricardo Anaya Cortes, en definitiva lució como un orador preciso, elocuente y oportuno, sin embargo la política de seguridad propuesta, es PAN con lo mismo, combate frontal, inteligencia, tecnologías para el combate al crimen y claro “prevención del delito”, elemento este último, que está en el discurso de cada uno de los candidatos, sin precisar también este candidato, que es lo que hará para llegar a ella, que acciones implementara para disminuir la violencia y la inseguridad pública.

Se siente este planteamiento como una continuidad de la estrategia panista de Felipe Calderón, claro, tomando en cuenta, lo que sirvió de la estrategia y que la actual administración dejó en el olvido, sin recursos y sin operación, como ejemplo, una de las tecnologías de la información en cuanto a la seguridad pública, la Plataforma México, a la cual cada año le fueron disminuyendo el recurso para su operación, con la intención de dejarla inoperante, y obligarse a construir un nuevo sistema, propuesto en el Programa Nacional de Seguridad Pública, el cual nunca pudieron concretar, como muchas de las estrategias y acciones planeadas en estos instrumentos.

El candidato de la coalición fue muy oportuno y preciso en sus participaciones, siempre tuvo un “as” bajo la manga, sin embargo, no se fue limpio, ya que la comparación que le hizo José Antonio Meade, con Javier Duarte y sus casos de lavado de dinero, se quedo en la mente de más de uno, y es aquí donde queda de manifiesto la utilidad de sus cartulinas de secundaria que tanto les gusta utilizar, y que en buena medida, y con el impacto deseado utilizo Anaya en contra de Meade especialmente la de su foto con el Gobernador de Chihuahua Cesar Duarte, y su frase lapidante “de que tamaño fue la rebanada”.

El candidato de Acción Nacional y la coalición Ricardo Anaya Cortes, utilizó la misma estrategia de las cartulinas contra López Obrador, con datos falsos, en lo que se refiere al aumento de la incidencia de secuestros en el Distrito Federal durante su gestión como Jefe de Gobierno, ya que esta comprobado, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que si hubo una disminución considerable; pero bueno, es la estrategia de los números a la que nos tiene acostumbrados el gobierno y los políticos, ese juego de la manipulación y el maquillaje tan socorrida en los temas de seguridad pública y violencia, y que es momento de terminar con esas vejas practicas que tanto dañan al país.

En cuanto a los candidatos “(dizque) independientes”, no hay mucho que rescatar, lo más relevante, que hubo presencia de candidatos independientes en la disputa presidencial, aunque con los asegunes de que uno es priista y la otra panista. Muy extrañado de la mala oratoria de Margarita Zavala, mujer por demás preparada y de experiencia y oficio político, quien abordo un discurso muy propio acerca de su propuesta de seguridad, pero sin perder el toque calderonesco de la misma “Yo te voy a defender” decía una y otra vez, con un lenguaje corporal, que nos hace suponer una “mano dura contra el crimen”, algo de lo que llamo la atención, es que salió a la defensa también de la estrategia de Felipe Calderón, proponiendo también fortalecer a la Policía Federal duplicando su Estado de Fuerza y continuando con la presencia del Ejército Mexicano en las calles, lo que inferimos por el énfasis que hizo en “hacer lo que tenga que hacer” y apoyarse en lo que tenga que apoyarse para lograr la seguridad del país.

Por otro lado, el personaje que parece salido de una película de comedia, llamado “El Bronco”, estimamos que empezó bien, al cuestionar a los otros candidatos si ellos habían sido víctimas del crimen, como el sí lo ha sido, por lo que el sí entiende la importancia del tema; también el referir que su madre no sabe leer ni escribir, y que a pesar de ello tiene un hijo gobernador, es de lo más relevante y sentido de su participación, sin embargo, la propuesta estuvo ausente, y confesó no tener propuestas concretas y que por eso esta consultando a la “raza”, para lo que dejaba su número de celular para que lo contactaran por whatssapp, y en efecto se notó que no tiene propuesta alguna, ya que al hablar acerca de la corrupción institucional, dijo literalmente que a quien robe “…hay que cortarle la mano” o también la ocurrencia de la “militarización de las escuelas”.      

Los asesores del candidato independiente “El Bronco” y el mismo candidato deben ser más cuidadosos y cautos en cuanto a lo que se dice en un debate de esta naturaleza, ya que minutos antes le dijo a Andrés Manuel que lo atacaban porque decía puras ocurrencias, y más tarde vino la suya; ocurrencia que se viralizó en redes sociales con infinidad de “memes”, que lo hicieron objeto de burla de los internautas. Lo único que denota esta ocurrencia, muy del populismo punitivo, es un desconocimiento de la política criminal y de los derechos humanos, ya que las mutilaciones son prohibidas por el Artículo 22 de la Constitución de la República. Creo que este candidato no tiene nada que aportarle al debate y propuesta de una Política Criminal Integral para el Estado Mexicano.

Como se observa, no hubo vencedores ni vencidos, los cuatro candidatos no favorecidos por las preferencias del voto, se lanzaron como pandilleros sobre el puntero, eso no es debate, ya que no hubo argumentos, sino solamente ataques, lo que resultaron hasta infundados; y el candidato puntero, tampoco destacó, me recordó a esos partidos de futbol en los cuales, el equipo con más puntos en la tabla, sólo sale al campo a empatar a ceros para cuidar la ventaja que tiene hasta el momento. “Ningún candidato pierde, ningún candidato gana…¿Quién pierde? Los mexicanos”.

@AbduBetancourt

*Doctorando en Ciencias Penales y Maestro en Criminología por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales (CESCIPE); Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC); y Licenciado en Seguridad Pública con opción terminal en Investigación Policial por la Academia de Seguridad Pública del Estado de Baja California (ASPE); Obtuvo el Segundo Lugar de la categoría profesional en el Primer Concurso Nacional de Investigaciones Criminológicas 2010-2011 de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal; Servidor Público en el ámbito de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia; Profesor Universitario de Ciencias Penales y Política Criminal, y además ha sido Secretario General de la Comisión de Justicia Penal y Prevención del Delito, A.C. en Baja California.

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Por Abdú Betancourt Cabrera*

En las últimas semanas se ha desatado un debate exponencial respecto a la propuesta, aprobación y publicación de la denominada Ley de Seguridad Interior por parte del Ejecutivo Federal, y en definitiva creemos que es una situación preocupante, ya que legitima las acciones de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, dejando de largo el fortalecimiento de las instituciones policiales de nuestro país.

Mientras que otros países transitan hacia una seguridad ciudadana, en donde la policía juega un papel de proximidad con la sociedad, en donde esta se convierte en una herramienta de cohesión social, en instrumento de mediación y solución de conflictos en la comunidad; en nuestro país el paradigma se invierte, erróneamente por cierto, ya que se le da legitimidad al actuar del Ejército y Marina mexicanos respecto a las acciones operativas policiales.

Este instrumento jurídico, no solo configura un estado de excepción permanente y la suspensión de garantías de facto para los ciudadanos, sino que trae tras de sí el mentado “Mando Único Policial”, si no lo es así, que explicación tiene la aprobación de una consulta ciudadana para la desaparición de las policías municipales[1] por ser deficientes y mal capacitadas; si ya se tiene el juicio de valor y el resultado previsto, que caso tiene la consulta, si las diversas encuestas anuales de la ENVIPE señalan que las policías locales son las peores evaluadas[2]. El resultado ya lo conocemos de antemano ¡Que desaparezcan pues!

El contexto esta en formación, las Fuerzas Armadas se encargarán de la seguridad pública en lo local, ya que las policías carecen de equipo, infraestructura y personal operativo capacitado para sus tareas, Pero, ¿Los militares están capacitados realmente para la seguridad pública? Esta va mas allá de combate frontal a la delincuencia organizada; gran parte del trabajo policial se enfoca en la solución de conflictos que afectan la convivencia social, se trata de prevenir más que reprimir, y en ello estriba la diferencia de la seguridad pública con las demás seguridades como la nacional o la seguridad interior. Estamos seguros que las Fuerzas Armadas no tienen las capacidades para realizar labores policiales, esto debido al tipo de entrenamiento que se imparte a estas instituciones castrenses, enfocado en el combate al enemigo.

Debemos señalar que no estamos en contra de las Fuerzas Armadas, y que en muchas ocasiones el empleo de las mismas en el combate a los carteles del crimen organizado ha resultado eficaz, sin embargo no podemos poner en una posición de desventaja a las instituciones que se dicen mejor evaluadas en el ámbito de la seguridad, ya que han existido muestras de corrupción en las altas esferas del mando militar documentadas por diversas fuentes periodísticas[3], así como de casos de deserción masiva de militares de las fuerzas especiales para convertirse en brazo armado de la delincuencia organizada[4]; para muestra, el cartel de los zetas, el cual se ha considerado el más violento de todos los grupos dedicados al crimen organizado.

Todo este contexto pone de manifiesto lo que siempre han querido diversos grupos políticos, defenestrar a las policías municipales, desaparecerlas por corruptas e “impuras” (termino por demás religioso utilizado en esta estrategia de política criminal), logrando así la tan ansiada “depuración policial”; concentrando el “Mando Policial” en treinta y dos cuerpos homologados y “puros”, quitándole esta función de vital importancia para la gobernabilidad de los Ayuntamientos, función primordial desde su antecedente en la época colonial.

Realmente lo que hace esta Ley de Seguridad Interior (sin entrar en el análisis de la coyuntura político-electoral), prepara la desaparición de las instituciones policiales municipales para dar entrada al “Mando Único Policial”, apoyado por las Fuerzas Armadas, de quienes se sabe, no quieren, ni saben de seguridad pública; que pasará cuando el sistema penal acusatorio vigente en nuestro país obligue al personal castrense a redactar un Informe Policial Homologado y sea llevado a juicio oral como testigo experto, que tenga que realizar la cadena de custodia, o fijar, levantar, embalar y etiquetar elementos materiales probatorios. ¿Realmente están capacitados para ello?

Es bien conocido que en nuestro país se ha logrado una evolución importante en cuanto a la renivelación académica de los elementos de las instituciones policiales, existen infinidad de casos en los cuales, policías municipales logran obtener licenciaturas, maestrías y hasta doctorados, y aún así, con esta renivelación se complica el desarrollo del trabajo de campo, ya que se debe cumplir puntualmente con los requisitos que establece la documentación y protocolos del sistema penal mexicano; ante todo esto, un militar con educación primaria ¿Realmente logrará realizar un trabajo de calidad para suministrar datos a la carpeta de investigación de la autoridad ministerial? Difícil…muy difícil.

El problema de la seguridad pública no es de mandos, no es quien ordena mejor en una institución policial, sino que organización y nivel de desarrollo tiene un cuerpo policial, a eso se le debe apostar, y está en la normatividad policial mexicana vigente, en ese Derecho Policial que poco a poco se ha creado, y que leyes como la que se comenta echan por la borda, olvidándose de años de esfuerzo e inversión en la preparación de recursos humanos policiales profesionales. Durante mucho tiempo la policía ha pugnado por una ley que regule el uso racional de la fuerza, a efecto de brindar certeza y seguridad jurídica a sus actuaciones y respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, y no se ha aprobado legislación alguna; de verdad ¿qué se requiere más? ¿Certeza jurídica y legitimidad al actuar de la policía o al actuar del Ejército en funciones de policía?

Están matando el “Desarrollo Policial”…y al parecer sólo unos pocos se han dado cuenta, y nadie hace nada para detenerlo, vamos directo a una debacle de las instituciones de seguridad pública en el país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reza que: “Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional…” De acuerdo a nuestra lógica, lo civil no es militar; o como bien señala el connotado monero El Fisgón…“Si militar es lo contrario de civil, ¿entonces militarización es lo contrario de civilización?”[5].   

@AbduBetancourt

*Doctorando en Ciencias Penales y Maestro en Criminología por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Penales (CESCIPE); Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC); y Licenciado en Seguridad Pública con opción terminal en Investigación Policial por la Academia de Seguridad Pública del Estado de Baja California (ASPE); Obtuvo el Segundo Lugar de la categoría profesional en el Primer Concurso Nacional de Investigaciones Criminológicas 2010-2011 de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal; Servidor Público en el ámbito de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia; Profesor Universitario de Ciencias Penales y Política Criminal, y además ha sido Secretario General de la Comisión de Justicia Penal y Prevención del Delito, A.C. en Baja California.

[1]https://aristeguinoticias.com/1412/mexico/aprueban-diputados-consulta-publica-para-eliminar-policias-municipales/

[2]http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/doc/envipe2017_presentacion_nacional.pdf

[3] http://www.milenio.com/policia/zar-antidrogas-protegio-capo_0_211179349.html

[4] http://www.proceso.com.mx/276089/el-poder-y-la-estructura-de-e2-80-98los-zetas-e2-80-99-intocados

[5] Barajas Duran, Rafael, El Fisgón, Narcotráfico para Inocentes: El Narco en México y quien los U.S.A., El Chamuco y los Hijos del Averno, México, p. 13.